Policías de toda España arropan a los antidisturbios
El director del cuerpo explicará en el Congreso el operativo del 22M, en el que resultaron heridos 67 agentes
MADRID.Actualizado:Los sindicatos de la Policía y los funcionarios del cuerpo redoblan la presión ante el Ministerio del Interior por los errores en el dispositivo del 22M en Madrid, que se saldó con 67 agentes heridos. Centenares de uniformados en toda España salieron ayer a la calle para arropar a los miembros de la Unidades de Intervención Policial (UIP, antidisturbios) que fueron emboscados y lapidados el pasado sábado por los violentos y, sobre todo, exigir ceses por el operativo que a punto estuvo de costar la vida a algún funcionario.
La mayor protesta tuvo lugar en la sede la UIP en el barrio madrileño de Moratalaz con más de 600 agentes. Las concentraciones se repitieron en Melilla, Valladolid, Bilbao, Mahón, Alicante o Sevilla.
La presión tuvo efectos inmediatos. El subdirector operativo del cuerpo, Eugenio Pino, recibió a los representantes de los cuatro sindicatos mayoritarios del cuerpo, SUP, CEP, UFP y SPP, a los que prometió que acelerará la investigación interna para aclarar los posibles errores en el despliegue. Pino puso una fecha para concluir esa investigación y comenzar a depurar responsabilidades en el caso de que las hubiera, el 4 de abril.
A partir de ese día y ya con las conclusiones de esa investigación en la mano, el director de la Policía, Ignacio Cosidó, ha pedido comparecer en la Comisión de Interior del Congreso para dar explicaciones sobre el polémico despliegue, el mayor de la historia de la UIP con 1.750 agentes.
Entre tanto, la alcaldesa de Madrid, Ana Botella, aseguró ayer que el coste para el erario municipal del paso de las 'marchas de la Dignidad' ha superado los 655.000 euros. Solo en en daños en coches policiales y elementos viarios asciende a más de 166.000 euros. A esa cantidad hay que sumar el coste de los dispositivos de emergencias y seguridad, 405.592 euros, y los 89.966 euros de limpieza.
Botella, además, anunció que pedirá a la delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, que delimite «una serie de espacios que deberían ser especialmente protegidos» frente a las manifestaciones. Cifuentes, a su vez, ha encendido los ánimos de los convocantes de la marcha gallega que llegó a Madrid al insinuar que en esa columna había elementos de Resistência Galega. Los convocantes anunciaron querellas contra la delegada.