El Algarrobico amplía su laberinto

El galimatías jurídico en el que está envuelto el polémico hotel El Algarrobico, ubicado a en la playa en Carboneras (Almería) y emblema de la destrucción urbanística del litoral, se complica con el último fallo del Tribunal Superior de Justicia andaluz (TSJA), que declara urbanizable el suelo donde se levanta el inmueble y revoca la mayor protección que la Junta de Andalucía concedió en 2008 a esa zona. La decisión ha caído como un jarro de agua fría entre los ecologistas, que anuncian que recurrirán el fallo y expresan su temor a que la decisión responda a maniobras para legalizar el hotel.

La nueva sentencia hace referencia al Plan de Ordenación del Parque Natural Cabo de Gata, que en 1994 calificó la parcela como urbanizable. La Junta de Andalucía estimó que la parcela donde se levantaba el hotel se había incluido por error en la zona de máxima protección, por lo que modificó los planos pero sin cambiar el ordenamiento y sin publicarlo en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

En 2008, cuando ya se había dado la licencia de obra e incluso se había paralizado la construcción tras una denuncia de los ecologistas, la Junta rehízo el plan de ordenación y consolidó la posibilidad de edificar en la parcela. De nuevo los ecologistas recurrieron y el TSJA les dió la razón, por lo que se prohibió construir en la parcela donde se levanta El Algarrobico. Esta modificación, recurrida por la promotora, es la que ahora se resuelve.

El nuevo fallo, que contradice las setencias anteriores, dice que la administración no aportó elementos que justificasen que el terreno considerado urbanizable en 1994 no lo fuera años después. Entre medias de esta decisión se han sucedido numerosos fallos, incluido uno en 2012 del Supremo, que estimaba que se trataba de suelo no urbanizable conforme al planeamiento andaluz. La justicia también dio la razón al Gobierno central cuando pleiteó porque el hotel, con una veintena de plantas y 411 habitaciones, invadía la zona de dominio marítimo costero.

El problema está en la aplicación del fallo, que abre una puerta a la legalización del hotel, ya que la promotora está pendiente de que el propio TSJA resuelva sobre la legalidad de la licencia de construcción.