El Constitucional avisa a Cataluña de la ilegalidad de un referéndum secesionista

El Tribunal Constitucional rechaza y anula la proclamación de Cataluña como «sujeto político y jurídico soberano». El máximo garante de la Constitución admitió ayer parcialmente el recurso que había planteado hace un año el Gobierno contra la declaración del Parlamento autonómico en la que se afirma que el pueblo catalán tiene «por razones de legitimidad democrática, carácter de sujeto político y jurídico soberano». La corte entiende que ese reconocimiento vulnera la Constitución, que establece que la soberanía nacional reside en el conjunto del pueblo español y proclama indisoluble unidad de la nación española.

Las sentencia, aprobada contra todo pronóstico por unanimidad de los doce magistrados que componen el pleno, evita tumbar la declaración política en su conjunto. De hecho, admite las referencias al «derecho a decidir» de los catalanes. Ahora bien, matiza que ese derecho ha de entenderse como una aspiración política a la que sólo puede llegarse mediante el respeto a la legalidad vigente. Y deja claro que eso nada tiene que ver con la celebración de una consulta secesionista contra la que ya anticipa su posición: «Una comunidad autónoma no puede unilateralmente convocar un referéndum de autodeterminación para decidir sobre su integración en España».

El enorme clima de tensión política generado en torno a este asunto ayudó sin duda a que el tribunal y en concreto su presidente, Francisco Pérez de los Cobos, buscaran un voto unánime que reforzara la legitimidad del fallo. En principio, los siete magistrados conservadores eran partidarios de dar por buena la impugnación mientras que los cinco restantes, incluida la ponente de la resolución debatida en el pleno, la vicepresidenta del tribunal, Adela Asúa, se inclinaban por archivarla al entender que como declaración política el texto recurrido carecía de efectos jurídicos.

Eso era precisamente lo que desde el primer momento argumentó la Generalitat, preparada para dar carácter de nuevo agravio contra Cataluña cualquier resolución de la corte que suspendiera el contenido del texto aprobado por la cámara catalana el 23 de enero de 2013. El mismo día en el que se supo que el Consejo de Estado recomendaba al Ejecutivo llevar al Constitucional la reivindicación soberanista, el consejero autonómico de Presidencia, Francesc Homs, citó ya una sentencia de 2003, en la que, a su juicio, quedaba claro que las declaraciones parlamentarias son carentes de efectos jurídicos y se limitan a expresar una voluntad política.

Efectos jurídicos

El Constitucional entiende, sin embargo, que en este caso sí se produce una vulneración de los preceptos constitucionales. No en todas las cláusulas recogidas en la declaración -hay nueve- pero sí en la primera, la que declara la soberanía del pueblo de Cataluña. El fallo subraya que ese punto es susceptible de producir efectos jurídicos puesto que puede entenderse como el reconocimiento, tanto al Parlamento de Cataluña como al Gobierno de la Generalitat, de «atribuciones inherentes a la soberanía superiores a las que se derivan de la autonomía reconocida por la Constitución a las nacionalidades que -subraya- integran la Nación española».

La decisión del pleno del Constitucional, suscrita por Pérez de los Cobos, al que el Parlamento de Cataluña acordó ayer recusar tras un primer intento fallido en septiembre, Juan José González Rivas, Andrés Ollero Tassara, Santiago Martínez-Vares, Pedro González-Trevijano, Enrique López, Ricardo Enríquez, Adela Asúa, Juan Antonio Xiol Ríos, Luis Ignacio Ortega, Fernando Valdés Dal-Ré y Encarna Roca, caldea ahora el ambiente político. Y lo hace en vísperas de que el Congreso de los Diputados debata la toma en consideración el 8 de abril de tres iniciativas idénticas para que se transfieran a Cataluña las competencias sobre convocatoria de referendos.

La respuesta que tanto el PP como el PSOE darán a esos textos del Parlamento autonómico, de CiU, ERC e ICV y, finalmente, de más de quince diputados, estaba más que cantada que será 'no', aunque Alfredo Pérez Rubalcaba lo acompañe después con su oferta federalista. El fallo, en todo caso, redobla ahora los argumentos defendidos por el Gobierno en la contestación formal que ya remitió al Congreso a principios de este mes. Unos argumentos que se resumen en que «la soberanía nacional no es transferible» y que, probablemente, se encargará de defender ante el pleno la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría.