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ESPAÑA

Archivada la denuncia contra Mas por sedición y rebelión

El Tribuna Superior de Justicia de Cataluña no aprecia ninguno de los delitos planteados por Manos Limpias

CRISTAN REINO
BARCELONA.Actualizado:

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña archivó la querella presentada hace un mes por el sindicato Manos Limpias contra el presidente de la Generalitat, Artur Mas, por los delitos de prevaricación, desobediencia, rebelión y sedición, al impulsar una consulta sobre la independencia. La denuncia sostenía que el jefe del Ejecutivo autonómico, a través de un «referéndum ilegal», trabaja por la desmembración de España, contraviniendo la legislación vigente, con lo que sus acciones, según la querella, son punibles.

El alto tribunal, en un auto dado a conocer ayer, argumenta que no existen ni indicios de delito, tira de las orejas al sindicato ultraderechista, al que acusa de actuar sobre la base de lo que se dice «'vox pópuli'» y construyendo de manera «artificial» un «delito imaginario». En concreto, para la denuncia de rebelión, el tribunal lo descarta en la medida en que no se ha producido ningún «alzamiento violento y público» para declarar la independencia. En el caso del delito de sedición, señala el tribunal, «también se exige el alzamiento público, entendido como sublevación tumultuaria o desordenada con una determinada finalidad mediante el empleo de la fuerza o fuera de las vías legales». «No se expresa en la querella qué actos rebeldes o sediciosos se estarían preparando u organizando para conseguir por la fuerza la independencia de Cataluña», apunta.

Los jueces rechazan además que haya delitos en la declaración de soberanía y de derecho a decidir que aprobó el Parlamento catalán el 23 de enero del 2013, impulsada por Mas, según la querella, ni en la creación del Consejo Asesor para la transición nacional, ni tampoco en la rueda de prensa en la que el presidente de la Generalitat anunció la fecha y las preguntas de la consulta. Todas estas iniciativas son para el tribunal actividades de «contenido netamente político y no resolutivo» y por tanto no puede hablarse del delito de prevaricación. Tampoco de desobediencia, ya que el propio Parlamento autonómico reconoce en la citada declaración la competencia exclusiva del Estado para autorizar un referéndum sobre la independencia.

Recurso al Supremo

Tras conocer el auto judicial, Manos Limpias anunció que recurrirá ante el Tribunal Supremo, al entender que el Superior de Cataluña está «contaminado» por el ambiente soberanista que se respira en Cataluña, como queda reflejado, a su juicio, en el hecho de que 33 jueces catalanes hayan firmado un manifiesto a favor del derecho a decidir. El Gobierno catalán, por el contrario, mostró su «respeto» por la resolución del tribunal pues pone en «evidencia» que en el ordenamiento jurídico las «ideas no están perseguidas», según dijo el portavoz Francecs Homs.

El consejero, en cambio, fue crítico con la Fiscalía de Cataluña, sobre la que extendió la sombra de la duda sobre su independencia. La petición del Ministerio Público de la semana pasada al tribunal para que archivara la querella de Manos Limpias contra Mas se interpretó como que defendía que se podía discutir razonadamente el encaje constitucional de la consulta. Pero el lunes echó marcha atrás y quiso dejar claro que la consulta carece de encaje en la Constitución, por lo que «no encuentra ningún respaldo legal para su celebración». Cuando un órgano como la Fiscalía de Cataluña cambia de opinión en un espacio tan corto de tiempo, dijo Homs, este hecho «no ayuda a tener la convicción de que actúa con independencia». «Veo una contradicción evidente, pero no sé nada más», remató.

El consejero catalán de la Presidencia cargó además contra Manos Limpias, al que tildó de sindicato «neofranquista» y de trayectoria «sombría» por impulsar, a través de una denuncia en la Fiscalía, la ilegalización de la Asamblea Nacional Catalana, la entidad que impulsó las protestas de las Diadas de 2012 y 2013 y que con los rumores sobre su posible ilegalización ha pasado en 10 días de 22.000 a 30.000 socios. La Fiscalía General del Estado señaló ayer, en cualquier caso, que ve poco recorrido a la querella contra la organización motora del proceso soberanista.