La Junta reduce a 18 meses el uso de los puntos de encuentro familiar

Ni la Junta de Andalucía ni tampoco el Gobierno central pueden interferir las decisiones y órdenes de los jueces en materia de conflicto familiar. Este suele ser doloroso cuando hay niños por medio. La Junta no puede interferir, pero sí puede colaborar. Los puntos de encuentro familiar (PEF) financiados por la administración autonómica - pero que se activan exclusivamente por orden judicial- sirven a los progenitores e hijos cuando hay choques y desacuerdos en la convivencia. Desde ayer estos puntos de carácter neutral cuentan con una nueva norma para, entre otros aspectos, garantizar los regímenes de visitas, comunicación y estancia de los menores con los progenitores con los que no viven o no están bajo su custodia.

El consejero de Justicia e Interior, Emilio de LLera, explicó que la red de PEF de la Junta, con un presupuesto de 987.227 euros, ha atendido desde 2008 a 9.909 menores, en su mayoría menores de diez años. Han tramitado más de 7.910 expedientes relacionados con ellos y sus familiares, para lo que se ha destinado más de 6 millones de euros.

Para subrayar la importancia de estos centros, el consejero, fiscal de profesión, señaló que el 32% de los servicios prestados por las diez oficinas de la red en Andalucía (las ocho capitales más Marbella y Algeciras) está relacionados con casos de violencia de género, con parejas rotas por estos motivos, que afectan al 35% de los menores atendidos. Por modalidades, el 36% de las intervenciones corresponden a entregas y recogidas con pernocta, el 33% a visitas tuteladas, el 22% a entregas y recogidas sin pernocta y el 9% a visitas no tuteladas.

Formación de padres

¿Por qué el decreto? Para corregir diferencias en la atención entre los centros. La norma crea un marco único y homogéneo que incrementa la transparencia y mejora el cumplimiento de las resoluciones judiciales. De Llera, que enfatizó la «confianza creciente de los jueces en los PEC», explicó las novedades de la norma: Los PEC, abiertos dos días laborables por la tarde y los fines de semana, prestarán un servicio excepcional, temporal y gratuito. El tiempo máximo es de 18 meses.

El consejero de Justicia entiende que es «un plazo razonable» para que las familias mejoren sus relaciones y superen las situaciones de conflicto.

A petición de los jueces también puede prorrogarse el tiempo en los puntos de encuentro. De Llera insistió en que la limitación a 18 meses también obedece al nuevo servicio de la Junta para la formación de padres, a quienes se ofrecerá orientación psicosocial para mejorar sus relaciones.

El decreto regula las intervenciones de los profesionales en el régimen de visitas, tanto tuteladas (en las que estarán presentes al menos uno) como no tuteladas; y la supervisión en la entrega y recogida de los menores y en su acompañamiento excepcional fuera de las dependencias.