El Poder Judicial vapulea la ley de protección ciudadana

El informe al anteproyecto de Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana que el pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) debatirá el próximo jueves es un serio varapalo a la también conocida como 'ley Fernández'. El texto, con el que el Gobierno quería dar nuevas armas a los policías para combatir las crecientes protestas ciudadanas, es, según el CGPJ, inconstitucional en muchos de sus puntos, al considera que se da poderes a los agentes «excesivamente amplios».

El informe que los vocales Wencesalo Olea (conservador) y María Victoria Cinto (progresista) han elevado al pleno señala hasta quince puntos del proyecto legislativo estrella de Jorge Fernández que podrían colisionar con la Constitución. Entre otros asuntos, considera «difícilmente compatible» con la Carta Magna que se pueda «retener» a las personas sospechosas de haber cometido un delito o de intentar cometerlo por el mero hecho de que se nieguen a facilitar su documentación o no la lleven encima.

El Poder Judicial tampoco ve legal la posibilidad de establecer controles en lugares públicos «para la identificación de las personas que se encuentren en ellos con el fin de descubrir y detener a quienes hayan participado en la comisión de una infracción». Igualmente, el informe del consejo aprecia que la regulación de los cacheos «es incompleta e imprecisa», pues el anteproyecto «no define el cacheo y no lo limita al registro externo y superficial, por lo que no excluye la práctica de desnudos, siquiera parciales». Esa misma crítica, la de usar conceptos vagos o muy amplios, es la que usa el CGPJ para calificar las «medidas extraordinarias» en situaciones de emergencia, entre las que se incluyen las de prohibición de paso y retención de personas. Directamente, los ponentes aconsejan suprimir el precepto «ante lo incierto de cuáles son las personas a las que la medida puede afectar».