Interior abre una investigación para aclarar los «errores» durante el 22-M

El subdirector operativo del Cuerpo Nacional de Policía, Eugenio Pino, ha ordenado abrir una «información reservada» (una investigación interna) para aclarar los «errores» en el despliegue de las Unidades de Intervención de la Policía (UIP, antidisturbios) durante los altercados del pasado sábado en Madrid tras las 'marchas de la dignidad' que se saldaron con un centenar de heridos, entre ellos 67 policías.

Pino comunicó la apertura de estas diligencias a los cuatros sindicatos mayoritarios de la Policía Nacional, que ayer se reunieron con el número 2 de la Policía para denunciar los «numerosos fallos» en el dispositivo de seguridad, que dejó a decenas de policías totalmente desprotegidos ante los radicales violentos, que comenzaron a causar altercados graves tras las manifestaciones autorizadas.

Los sindicatos insisten que la envergadura del operativo del sábado -que involucró a más de 1.600 antidisturbios venidos de toda España en el mayor despliegue de la historia de la UIP- era «más que suficiente» para garantizar la seguridad y que no se produjeran las situaciones de «grave peligro» a las que finalmente se enfrentaron los funcionarios, incapaces de controlar a un grupo de antisistema de no más de mil componentes, según fuentes policiales, que fue el que provocó en exclusiva los altercados en los aledaños de la plaza de Colón, donde concluyeron las marchas.

Pino ha ordenado varios informes por separado de todas las unidades afectadas (UIP, Brigada de Información o Brigada de Seguridad Ciudadana) para ver qué fallo en el operativo y prometió que si se comprueba que hubo algún tipo de «responsabilidad profesional» se «tomarán medidas», incluidos ceses si fuera necesario. El Ministerio del Interior estima que mañana tendrá una idea más completa de los errores o desaciertos que llevaron a los agentes a una situación especialmente complicada y peligrosa. Las críticas de los sindicatos van contra los tres mandos que dirigieron el despliegue: el comisario general de Seguridad Ciudadana, Florentino Villabona; el comisario Jefe de las UIP, José María Ruiz Igusquiza; y el jefe de la UIP en Madrid, el inspector jefe Francisco Javier Virsea.

Imágenes

A expensas del resultado de esa investigación, las imágenes ya analizadas por los especialistas de Interior, efectivamente, apuntan a que la actuación de los antidisturbios fue bastante descoordinada, entre ellos mismos y con otros servicios. Según los primeros informes, el origen de los altercados que dejaron aislados a un subgrupo (15 funcionarios) de la UIP, que finalmente fueron literalmente linchados y sometidos a cinco minutos de lapidación a escasos metros de la calle Génova, fue que esos agentes tuvieron que salir a socorrer a una furgoneta de la Policía Municipal que, sorprendentemente, quedó bloqueada en el centro de las revueltas.

Aunque fue toda una unidad (50 policías) la que salió a socorrer a los municipales, el paso de un coche de bomberos dividió a los efectivos y dejó apartados a los quince agentes, que tuvieron que enfrentarse a cerca de un millar de violentos. Todos los funcionarios de ese subgrupo fueron heridos. Uno de ellos de gravedad, al perder el casco y ser golpeado con un adoquín en la cabeza por uno de los manifestantes.

Un error de comunicación, de acuerdo a los primeros atestados, impidió que fueran socorridos por sus compañeros, a pesar de que a solo 500 metros había centenares de miembros de la UIP. Cuando los atrapados pidieron auxilio, la persona encargada de proporcionarlos entendió que se encontraban al otro lado de la plaza de Colón, Castellana arriba, no hacia abajo. Y hacia allá fueron los refuerzos.

Al margen de ese error, responsables de la Policía, tras el visionado de las imágenes, admitieron que las situaciones de peligro fueron constantes, por las continuas cargas «descoordinadas» de subgrupos que rápidamente se quedaban asilados.

Entre tanto, ayer quedaron en libertad 18 de los 19 detenidos durante las algaradas, tras declarar ante el titular del Juzgado 30 de Madrid, acusados de lesiones, daños y/o atentado a la autoridad. El último arrestado, contra quien la Policía presentó cargos por tentativa de homicidio por golpear con un adoquín en la cabeza a un agente que había perdido el casco, fue enviado a prisión sin fianza, aunque solo imputado por desórdenes y lesiones. Se trata del madrileño Miguel M.S., de 20 años y sin antecedentes penales.