Rajoy le dice a Mas que «aún está a tiempo de rectificar»

Desde Bruselas y desde Madrid, a través del presidente y de la vicepresidenta, el Gobierno central se empleó ayer con la máxima firmeza contra el jefe del Ejecutivo catalán, a quien advirtió de estar descuidando sus obligaciones por culpa del proyecto soberanista, aunque «aún está a tiempo de rectificar».

A dos semanas de que el Congreso debata la petición catalana de poder convocar un referéndum, Mariano Rajoy instó a Mas a «no seguir dando pasos» en un proceso que a su juicio no conduce a «ninguna parte», «generará problemas y frustraciones» y llevará a Cataluña al «aislamiento» internacional. «Mi posición la conoce desde el primer momento el presidente de la Generalitat y mucha gente de su fuerza política, pero aunque la conocen y saben que el presidente del Gobierno va a cumplir la ley, han decidido escoger este camino», afirmó Rajoy.

Fue la respuesta de la Moncloa a las últimas iniciativas emprendidas por el Palau de la Generalitat, en su propósito de organizar una consulta sobre la independencia de Cataluña el próximo 9 de noviembre. Así, cuando quedan nueve meses para la cita, el Ejecutivo catalán ultima la creación de un registro de catalanes residentes en el exterior, de cara a la conformación del censo electoral, que en su mayor parte tendrá que componer con los datos del Instituto catalán de estadística, ya que el Gobierno, que insistió en que la consulta es «jurídicamente inconstitucional», hará todo lo que esté a su alcance para que la votación no se celebre y, entre otras cosas, no cederá el censo, que es competencia estatal. Mientras, Mas, que hace una semana no descartó una declaración unilateral de independencia y avisó con sacar las urnas el 9-N, continúa buscando adhesiones a su consulta. También en el mundo académico. En este caso, a través del consejo escolar de Cataluña, el órgano que agrupa a todo el sector de la enseñanza y que está adscrito a la Consejería de Educación, que ha pedido recientemente a todos sus miembros (AMPAs, sindicatos de profesores, escuelas, alumnos y las administraciones educativas) que apoyen el «proceso democrático para ejercer el derecho a decidir».

Rajoy, desde Bruselas, no entró al detalle de los pasos que está dando Mas, pero Soraya Sáenz de Santamaría, tras la reunión del Consejo de Ministros, acusó al presidente del Gobierno autonómico de utilizar de manera «irresponsable» a la comunidad educativa con fines políticos y le exigió una «explicación inmediata». La educación, dijo la número dos del Ejecutivo central, «tiene que hacerse siempre en libertad» y, medidas como las que ha puesto en marcha la Generalitat, «realmente» lo que hacen es «coartarla», señaló la vicepresidenta.

El siguiente paso hacia la independencia lo darán Artur Mas y su partido este mismo lunes. Convergencia Democrática y Reagrupament, formación escindida de ERC, firmarán un acuerdo de asociación, que en un primer momento se traducirá en que el partido de Joan Carretero tendrá presencia en la lista de CiU a las elecciones europeas. Pero a largo plazo, al alianza comprometerá a Convergència a seguir adelante en el proceso de transición nacional, que debe culminar con un «estado independiente» para Cataluña, según el documento que suscribirán Mas y Carretero el lunes.

«Impropio»

Esa hipotética independencia de Cataluña es, a juicio del presidente del Gobierno, algo «impropio» de los tiempos actuales , en que Europa avanza -como en la unión bancaria- hacia una mayor integración. La secesión tendrá graves consecuencias para Cataluña, según advirtió Rajoy, como «quedar aislada internacionalmente, perder la moneda, salir de la UE y no estar en ningún tratado internacional». Desde CiU, le pidieron que se mueva pronto porque, de lo contrario, la ruptura puede ser irreversible.

De momento, en el debate del 8 de abril, en el que el presidente del Gobierno no descartó su intervención, la posición del Ejecutivo será la que ha mantenido siempre, «la defensa de la Constitución y de las leyes». La postura del PP la fijó Alfonso Alonso en un mitin en Barcelona: «La democracia es el respeto a la ley, da igual que se quiera imponer la voluntad por la violencia o por las urnas, si es al margen de la ley, es la imposición de la voluntad, es antidemocrático», dijo.