El juicio de 'Gürtel' en Valencia queda en el aire tras la dimisión de la aforada del PP

Un ejercicio tan loable como la dimisión de un político electo tras su encausamiento por un caso de corrupción ha provocado un terremoto judicial en Valencia. Milagrosa Martínez, diputada autonómica del PP en esa comunidad, presentó ayer su renuncia a solo diez días de sentarse en el banquillo de los acusados por el 'caso Fitur', los contratos firmados por la trama 'Gürtel' con la consejería de turismo de la Generalitat en tiempos de Francisco Camps.

Milagrosa Martínez, exconsejera de esa cartera y actual alcaldesa de Novelda (Alicante), era la única aforada en la vista oral que se iba a celebrar el Tribunal Superior de Justicia de Valencia desde el próximo 31 de marzo, y en la que serán juzgados, entre otros, los cabecillas de la red 'Gürtel' Francisco Correa, Pablo Crespo o Álvaro Pérez, 'el Bigotes'.

Este tribunal superior era competente por tratarse de una causa con aforado autonómico y contaba, además, con la venia del Tribunal Supremo. Sin embargo, la dimisión de la procesada ha dejado en el aire la celebración del juicio, ya que a priori el órgano judicial de Valencia ya no tiene jurisdicción.

La Fiscalía, a favor

Para solventar los interrogantes el tribunal juzgador ha preguntado a las partes si acatan la competencia del Tribunal Superior de Valencia. Para ello les dio dos días hábiles para responder. La Fiscalía Anticorrupción ya dijo ayer que sí, por seguridad jurídica y para evitar las dilaciones indebidas del proceso. Mientras que uno de los acusados, Pablo Crespo, mano derecha de Correa en la red 'Gürtel', avanzó en un escrito de su abogado su «convicción» sobre la «falta del competencia» de la sala para juzgar la pieza de Fitur.

Las espadas están en el aire y la decisión final se conocerá la próxima semana, no más tarde del martes, a escasos seis días de que arranque la vista oral. El tribunal ha apretado los días de los recursos para que, en caso de que no varíe nada, no se demore el comienzo del juicio.

La otra salida es elevar una cuestión de competencia a la Sala Segunda del Supremo para que resuelva qué órgano judicial es competente. La posibilidad más certera sería la Audiencia Nacional, ya que el juez Pablo Ruz instruye el tronco central de la trama. Aunque no se puede obviar que la Audiencia Provincial de Valencia se quede con el caso, ya que fueron hechos cometidos solo en esa comunidad y no hay conexión territorial.