Rajoy defiende la presunción de inocencia de Magdalena Álvarez en el caso de los ERE

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, salió ayer en defensa de la presunción de inocencia de Magdalena Álvarez por la supuesta implicación en el caso de los ERE fraudulentos que le atribuye la jueza instructora, Mercedes Alaya. «Mientras no se demuestre lo contrario, todas las personas son inocentes», afirmó según recogen las agencias Efe y Europa Press.

Magdalena Álvarez ostenta el cargo de vicepresidenta del Banco de Inversiones Europeo (BEI), un puesto que necesita de la confianza del Gobierno. Álvarez accedió a él durante la etapa de José Luis Rodríguez Zapatero, pero como es costumbre ha permanecido en teoría hasta que toque el relevo. La jueza Alaya le ha impuesto una fianza de 29,5 millones de euros tras acusarla de los delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos al considerarla «promotora» junto con otros del procedimiento para la concesión de las ayudas sociolaborales en las que se cometieron fraude y que la magistrada considera ilegal.

La exministra y exconsejera de Hacienda defiende su inocencia y tiene recurridas tanto la imputación como la fianza a la Audiencia de Sevilla. La acusación no es firme y por ello el BEI consideró no pedirle la renuncia de acuerdo con el Gobierno español. El ministro de Economía, Luis de Guindos, se apresuró a advertir sin embargo de que si la Audiencia confirma la imputación deberá dimitir. Opinión que comparte el PP andaluz, según se pronunció su portavoz, Elías Bendodo.

«A mí no me gusta adelantar acontecimientos nunca», declaró Rajoy al ser preguntado en Bruselas en una rueda de prensa al término del Consejo Europeo. Luego recordó que en este momento «hay una imputación que en absoluto supone una declaración de culpabilidad».

Por otro lado, la Guardia Civil investiga si otro exconsejero imputado, Antonio Fernández, que estuvo en prisión provisional cinco meses, recibió dinero de un intruso pese a que el excargo declaró en su día que se trataba de un préstamo personal. La UCO también alude en las diligencias que algunos imputados hablaban de Fernández como beneficiario de una póliza contratada «para su uso y disfrute» como un intruso más. González estaba incluido en el ERE de González Byass, empresa en la que trabajó, pero luego renunció a la indemnización.

También, según Europa Press, la jueza Alaya ha decretado el embargo de una segunda finca perteneciente a la Federación de Industria de CC OO, ubicada en el centro de Madrid y tasada en 600.000 euros.

Este sindicato ha sido declarado responsable civil subsidiario de la fianza de 593.306,96 euros impuesta de manera solidaria al secretario general de la Federación de Industria de CC OO en Sevilla, Juan Antonio Caravaca, y a su homólogo a nivel andaluz, Enrique Manuel Jiménez.