José Ramón Navarro, favorito a presidir la Audiencia Nacional
MADRID.Actualizado:Los seis magistrados que optan a presidir la Audiencia Nacional presentaron ayer sus programas ante la comisión permanente del Consejo General del Poder Judicial, el órgano de gobierno de los jueces.
En la mayoría de las quinielas el favorito es el actual presidente del Tribunal Superior de Canarias, José Ramón Navarro Miranda, que cuenta con importantes avales en el seno del Consejo. De perfil moderado, pertenece a la asociación Francisco de Vitoria, Navarro tiene como principal contrincante a Juan Pablo González, magistrado de la sección 15 de la Audiencia de Madrid y actual juez de enlace en Francia.
El resto de candidatos son el juez Fernando Andreu Miralles (titular del Juzgado Central de Instrucción número 4), su compañero Ismael Moreno Chamorro (titular del Juzgado Central de Instrucción número 2), Javier Martínez Lázaro (magistrado de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional) e Ignacio Espinosa Casares (presidente del Tribunal Superior de La Rioja).
Las comparecencias celebradas ayer fueron públicas y la comisión permanente, encabezada por el presidente del Poder Judicial Carlos Lesmes, elegirá una lista de tres o cuatro candidatos que elevará al pleno del Consejo, que tiene previsto elegir el 27 de marzo.
Los aspirantes coincidieron en plantear la necesidad de que las competencias de este órgano sean redefinidas con el objetivo de luchar de forma más efectiva contra las organizaciones dedicadas a la delincuencia financiera o la corrupción.
Durante su intervención, el magistrado Navarro Miranda desgranó las competencias de la Sala de lo Penal, que deben ir desde las existentes de delitos contra el titular de la Corona, terrorismo, piratería o relacionados con la manipulación genética, falsificaciones y defraudaciones para alterar el precio de las cosas cuando afecte a la economía nacional.
A ellas debían sumarse, comentó, los delitos cometidos por organizaciones de carácter transnacional, como trata de los seres humanos y los casos de corrupción que produzcan graves daños a la hacienda pública. También propuso la creación de una Sala de lo Civil en la Audiencia Nacional.