Las autonomías pagarán la escolarización de los alumnos que prefieran el castellano

Las comunidades autónomas con lengua propia tendrán que pagar la escolarización en centros privados, si no encuentran uno público, para todos los alumnos que se acojan a su derecho a recibir las clases en castellano. El Ministerio de Educación pondrá en marcha el próximo curso el real decreto que ayer presentó en la conferencia sectorial a las comunidades autónomas, normativa que complementa a la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (Lomce) y motivo por el cual la consejera catalana, Irene Rigau, dejó plantado en la reunión al titular de la cartera, José Ignacio Wert, tras pedir la retirada de este asunto del orden del día.

Esta medida afecta de manera especial a Cataluña y el País Vasco, comunidades que han solicitado la creación de un grupo de trabajo específico para estudiar el asunto. El Ministerio está dispuesto a crearlo, según explicó la secretaria de Estado de Educación, Montserrat Gomendio, pero incidió en que a su departamento no le corresponde determinar el porcentaje que se dedica a la lengua vehicular común, a la autonómica o a la extranjera en caso de ser trilingue.

«Sí, es nuestra competencia garantizar el derecho de las familias a elegir el castellano o la lengua oficial propia como lengua vehicular», apuntó Gomendio. El mecanismo será iniciado por las familias, que tendrán que comunicar a la comunidad autónoma su deseo de que el alumno estudie en castellano. La consejería buscará en los centros próximos al lugar de residencia del estudiante un colegio. De no existir, el alumno será matriculado en uno privado. «El coste correrá en última instancia a cargo de la comunidad», dijo la responsable ministerial, que aseguró que estos trámites serán realizados en el menor tiempo posible para evitar la pérdida del curso. En todo caso, los primeros pagos de escolarización en el centro privado tendrán que correr a cargo de los alumnos.

El Ministerio de Educación devolverá esos importes que, con posterioridad, serán retenidos o deducidos de las cantidades asignadas a la financiación autonómica.

Durante la conferencia sectorial, el ministro Wert también presentó otros reales decretos para el desarrollo de la Lomce. Uno de ellos hace referencia a siete nuevas titulaciones para esta Formación Profesional básica, que se suman a las 14 presentadas semanas atrás. A este respecto, Montserrat Gomendio explicó Educación tiene adjudicada una partida para cubrir el primer trimestre de 50 millones de euros. Sin embargo, dejó claro que todavía hay plazo hasta el 22 de abril para solicitar a Bruselas las partidas oportunas del Fondo Social Europeo para financiar esta enseñanza, con la que el Gobierno pretende reducir el fracaso escolar.

Los otros dos reales derechos presentados hacen referencia a los nuevos criterios de acceso a la universidad en el curso 2016-17, que se fijarán en función de la nota de la evaluación final de Bachillerato y las asignaturas consideradas específicas. También se presentó la normativa que regulará los cursos que tendrán que seguir los directores de los centros educativos.

Al término de la reunión los consejeros de los gobiernos de Andalucía, Canarias y Asturias mostraron su malestar porque consideran que el ministro Wert «solo pretende poner en marcha la Lomce, sin llegar a unos acuerdos». El consejero canario, José Miguel Pérez, denunció que lo que se persigue es «maquillar las estadísticas», mientras que su colega asturiano dijo que con esta ley «nos quitan autonomía a las autonomías». En este sentido, la consejera vasca, Cristina Uriarte, dijo que con la medida que regula la enseñanza en castellano «invade competencias».