El Gobierno abre al debate su paquete anticorrupción para incorporar a todos los partidos

Acordaron tratar de acordar y en los tiempos que corren no es poco decir; sobre todo, si se tiene en cuenta el recelo con el habían acudido buena parte de los grupos parlamentarios a la reunión sobre regeneración democrática convocada ayer por el Gobierno. Pero, de momento, lo único en lo que coinciden todas las fuerzas con representación en la cámara baja es en el método de trabajo. A lo largo del mes de abril consultarán a «expertos» en la materia, en la comisión Constitucional del Congreso, a partir de junio se contrastarán las propuestas de cada formación, y a final de año tendrán que aprobarse las leyes pertinentes.

En la práctica, eso significa que la tramitación de los dos proyectos de ley que el Ejecutivo remitió a las Cortes el pasado 21 de febrero, en respuesta al mandato recibido en el Debate sobre el estado de la Nación de hacía un año, quedan congelados y supeditados al devenir de esos futuros trabajos. Se trata de la ley reguladora del régimen económico de los partidos, que prohíbe las donaciones de personas jurídicas y la condonación de deudas por entidades de crédito, y la del alto cargo de la Administración General del Estado que, entre otras cosas, regula su régimen retributivo, fija un control de los gastos de representación y crea un sistema de alerta temprana de conflictos de intereses.

Algunos grupos, fundamentalmente el PSOE, se habían quejado de que el Gobierno hubiera actuado en solitario en un primer momento y de que después pretendiera que los demás se adhirieran a sus trabajos en un intento de lavar la cara por los escándalos que salpican al PP. De ahí que respondieran con suspicacia a la llamada formulada por la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, para celebrar un encuentro en el que analizar su disposición hacia las iniciativas.

Objeciones

Tanto la socialista Soraya Rodríguez -quien recordó que ya hace seis meses el PSOE pidió abrir el debate a la sociedad civil- como la portavoz de UPyD, Rosa Díez, expresaron su malestar por carta a la número dos del Gobierno y le reclamaron la apertura de un auténtico foro de diálogo. También el representante de la Izquierda Plural, José Luis Centella, advirtió de que su grupo no se apuntaría a ningún pacto anticorrupción mientras no haya «luz y taquígrafos sobre lo que ha pasado en los partidos políticos durante los últimos 20 años». Y, sin embargo, como el resto, dejó claro que no se ausentará de los trabajos propuestos.

Uno tras otro -primero el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, José Luis Ayllón, y después los portavoces de los grupos- salieron de la reunión manifestando su voluntad sincera de acuerdo. La conciencia de que la ciudadanía ve en los políticos a una casta privilegiada, alejada de los problemas de la calle y libre de todo castigo ante la comisión de delitos, obliga a una reacción. En eso, también coincidieron todos. «Hay una necesidad de buscar fórmulas para mejorar la democracia y a la percepción de que los ciudadanos tienen de la actividad pública», dijo Ayllón.

El Gobierno optó ya hace meses por fijar tres ámbitos de actuación distintos: además de los abarcan los dos proyectos de ley mencionados, un tercero sobre medidas procesales y penales de lucha contra la corrupción. Y, en principio, a eso se atendrán los grupos, aunque los trabajos están abiertos a otras propuestas. UPyD, por ejemplo, se refirió al título II de la Constitución, relacionado con la Corona y los aforamientos, y el PSOE a los indultos en el caso de delitos cometidos por una autoridad pública.

Centella subrayó que si IU participa en el debate es porque entienden que al fin y al cabo le han votado para ello, pero insistió en que la política no va a recuperar su «credibilidad» si no permite que salgan a a la luz los errores cometidos. «El problema -advirtió- no es de leyes es de concepción de la democracia y cómo se entiende el ejercicio del poder. La inmensa mayoría de los casos de corrupción se han llevado a cabo con unas leyes que sobre el papel lo impedían».

Esta formación pretende que, abierto el diálogo, se introduzca otro tema: una reforma de la ley electoral más proporcional. Pero quien más se desvió del tono general fue CiU. Josep Lluis Sánchez Llibre se descolgó con una reivindicación para que se devuelva a los nacionalistas el patrimonio incautado en la Guerra Civil y advirtió de que la ley de financiación de partidos debe garantizar la suficiencia económica.