El juez acepta investigar el traspaso de Villa al Barça

Habrá examen judicial al traspaso de David Villa al Barcelona. El juzgado número 3 de instrucción de Valencia ha decidido aceptar todas las pruebas que solicitó Andrés Sanchis en la causa que persigue este abogado contra Manuel Llorente, Javier Gómez, José Luis Olivas y Társilo Piles. El letrado, que representa a a dos accionistas más, planteó una querella contra los exdirigentes valencianistas y el expresidente de Bancaja por los presuntos delitos de estafa, falsedad en documento público, delito societario, maquinación para alterar el precio de las cosas y malversación de caudales públicos. De fondo está la ampliación de capital de 2009.

A los cuatro ya les tomaron declaración como imputados en el juzgado, pero la novedad ahora reside en que el juez ha dado el visto bueno a todo el paquete de pruebas que solicitó Andrés Sanchis para que se incorporaran a la causa. Dentro de esa larga lista de peticiones que efectuó destaca sobremanera la operación de venta de Villa al Barça. Es por ello por lo que se solicitará ahora una petición a la Liga de Fútbol Profesional para que aporte la documentación referente a la venta del delantero al club catalán.

Además, y en ese mismo sentido, tendrán que testificar tanto José Luis Tamargo como Víctor Oñate. El primero era el representante que tenía David Villa en el Valencia, relación que se cortó en ese momento; mientras que el segundo fue quien participó directamente en la venta al Barcelona.

Hay que recordar que la due diligence no aportó muchas explicaciones en referencia a toda la operación que envuelve la venta del jugador. Y es precisamente esa falta de datos lo que puso en alerta a Sanchis, que persigue con su investigación demostrar si hubo o no realmente algún tipo de anomalía.

Al respecto ya opinaba Manuel Llorente el mismo día que pasó por el juzgado para prestar declaración, junto con Gómez, Piles y Olivas. «Es todo una serie de mentiras, un montaje en el que se querían basar para esta causa», afirmaba.

Pero hay más. Ahora que el juzgado ha dado luz verde a que se practiquen esta serie de pruebas, deberán aportar sus testimonios una serie de personajes que de alguna manera u otra han participado en la reciente historia del Valencia. Serán citados a declarar gente de la Fundación como Mariola Hoyos (fue presidenta) e Isabel Buigues (era secretaria del patronato); el profesor Rafael Molina (observó graves deficiencias en la contabilidad del club); así como el que fuera director del Instituto Valenciano de Finanzas, Quique Pérez Boada, en la época en la que esta institución aprobó conceder el aval en 2009 a la Fundación para el préstamo de Bancaja.

Como el fondo de la cuestión está en saber si aquella compra de títulos se ajustó a las necesidades reales y no se cometieron irregularidades (no hubo segunda ronda pública), el juez quiere ver también las actas de la Fundación que aprobaban la adquisición de títulos. Se va a solicitar a través del Protectorado.

Al Valencia, por su parte, se le solicitarán los contratos que tenían Javier Gómez (fue indemnizado con 1,2 millones) y el propio Manuel Llorente. No se escapa tampoco Bankia, que deberá aportar el acta por el cual el comité de riesgos de Bancaja aprobó la concesión de un préstamo de 81 millones pese al riesgo de impago, como así ha ocurrido.

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