Zouhier es expulsado a Marruecos al instante de quedar en libertad

De su celda fue conducido directamente a Marruecos. El Ministerio del Interior cumplió con lo anunciado días atrás y no dio a Rafá Zouhier ninguna posibilidad de permanecer en España tras quedar en libertad.

Zouhier fue puesto en libertad a la 1.00 horas del domingo tras cumplir diez años de condena por ejercer de intermediario entre el exminero asturiano José Emilio Suárez Trashorras, que suministró los explosivos utilizados, y Jamal Ahmidan, líder de la célula que perpetró los atentados del 11-M por los que murieron 192 personas.

La Policía Nacional subió al ya expreso a un furgón en el mismo interior del centro penitenciario de El Puerto de Santa María y desde allí lo condujo a un avión que lo trasladó a la ciudad de Tánger. Todo en poco más de una hora.

La expulsión de Zouhier no ha estado exenta de polémica. El marroquí, que siempre ha negado su participación en los atentados e incluso defiende que alertó sobre ellos a las fuerzas de seguridad, contrajo matrimonio con una española el pasado 19 de septiembre. A pesar de que el enlace le da derecho a obtener la nacionalidad, los trámites no se han iniciado. Sin embargo, al estar casado con una comunitaria no se le puede aplicar el artículo 57.2 de la Ley de Extranjería, que faculta a la Administración para deportar a cualquier extranjero condenado a más de un año de cárcel.

Tras semanas estudiando las posibilidades legales para la inmediata expulsión de Zouhier, Interior se ha escudado en el Real Decreto de 2007 sobre la «libre circulación y residencia en España de ciudadanos de la Unión Europea», que sí es aplicable a los familiares de los comunitarios. Su artículo 15 abre la puerta a la expulsión de ciudadanos de la UE y sus allegados por «motivos graves de orden público o seguridad pública». De esta forma, el Gobierno ha justificado su la expulsión en considerar que el condenado por el 11-M supone una amenaza para la seguridad del Estado. Como prueba, Interior alega que el condenado presenta un perfil cercano al islamismo y que en 2009 se le intervino una cinta con contenido yihadista.

Según denunció este domingo el abogado defensor de Zouhier, Antonio Alberca, el Ejecutivo ha violado los derechos fundamentales de su cliente con la expulsión. Alberca remarcó que a Zouhier se le debió haber aplicado la normativa para ciudadanos comunitarios por estar casado con una española, lo que implicaba haberle dado un mes de plazo para abandonar de forma voluntaria territorio español. Añadió que no ha tenido acceso a la resolución por la que se ha decretado la expulsión, por lo que no ha dispuesto de oportunidad para recurrirla. El letrado también comentó que su cliente tenía instrucciones precisas para solicitar ser puesto a disposición judicial nada más ser detenido, algo que no ha sucedido. «Se nos ha impedido tomar medidas para el control jurisdiccional», zanjó Alberca, quien anunció que ya ha presentado una denuncia en la comisaría de El Puerto de Santa María.

Satisfacción de las víctimas

El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, comunicó por teléfono la expulsión a Marruecos de Zouhier a las representantes de los principales colectivos de víctimas del terrorismo.

Pilar Manjón, presidenta de la Asociación 11-M afectados por el Terrorismo, se declaró «aliviada y satisfecha» porque «el riesgo social que suponía ahora está en Marruecos». «No volverá a hacer trapicheos con droga ni volverá a conseguir explosivos para que se cometa otro atentado», dijo. Al igual que la presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, Ángeles Pedraza, Manjón perdió un hijo el 11-M.

En un comunicado, Mari Mar Blanco, presidenta de la Fundación de Víctimas del Terrorismo, reconoció sentirse aliviada ante lo que hubiera representado que el condenado por el 11-M pudiera permanecer en España, tal y como él mismo deseaba.