El caso de los ERE, con 3.000 millones de euros, segundo de España en fianzas
SEVILLA. Actualizado: GuardarLa jueza de los ERE ha impuesto en sus tres años de investigación fianzas de responsabilidad civil de casi 3.000 millones de euros, solo superados por los 5.200 del 'caso Malaya' en Marbella, aunque podría rebasarlos puesto que una treintena de los 145 imputados aún no ha declarado o no tiene fijada cantidad.
La jueza Mercedes Alaya impuso el pasado día 11 una fianza civil de 29 millones de euros a la exministra y exconsejera andaluza Magdalena Álvarez, aunque en el caso existen cantidades mucho más elevadas, como los 807 millones del exconsejero de Empleo Antonio Fernández, los 686 millones del exdirector de Trabajo Francisco Javier Guerrero o los 490 millones de euros del exviceconsejero de Empleo Agustín Barberá.
Las fianzas civiles están destinadas a garantizar las multas o devolución de ayudas que se impongan en la futura sentencia y no guardan relación con las cantidades que una decena de imputados encarcelados depositaron para quedar libres, suma que llegó a los 600.000 euros entregados por Antonio Albarracín, exdirectivo de la mediadora Vitalia, y los 450.000 euros que abonaron Antonio Fernández y el dueño de la aseguradora Uniter, José González Mata.
Una veintena de imputados aún no han comparecido ante Alaya, como los empresarios sevillanos Ángel Rodríguez de la Borbolla y José Enrique Rosendo, el exgerente de Mercasevilla Fernando Mellet o el exdirigente del PSOE jiennense Antonio Garrido Santoyo.
La mayor fianza civil impuesta hasta ahora por los ERE han sido los 807 millones de Antonio Fernández, los 490 millones de Barberá, los 686 millones de Francisco Javier Guerrero y los 111 millones que deberán depositar los exdirectivos de Vitalia Eduardo Pascual y María Vaqué.
El exdirector general de Trabajo Juan Márquez debe hacer frente a una fianza civil de 173 millones; José González Mata, dueño de Uniter, de 99 millones; el exdirector andaluz de Presupuestos Antonio Lozano de 46 millones; el exviceconsejero de Empleo Justo Mañas debe asegurar 7,2 millones y el 'conseguidor' Juan Lanzas 38 millones.
Las fianzas afectan también a los sindicalistas y sus organizaciones como responsables subsidiarias, como es el caso de los 593.306 euros impuestos a Enrique Jiménez, exsecretario de la Federación de Industria de CC OO en Andalucía; los 471.352 euros de Roberto Carmona, secretario de la Federación Minerometalúrgica andaluza de CC OO, y los 251.041 euros acordados para Salvador Mera, exsecretario general de UGT en Cádiz.
En el mismo auto de Magdalena Álvarez, la jueza Alaya acordó una fianza de 22 millones para el exviceconsejero de Hacienda José Salgueiro, y otra de 8 millones para el exsecretario general técnico de la Consejería de Hacienda Antonio Estepa Giménez.
La menor caución han sido los 3.000 euros fijados para Juan Rodríguez Cordobés, exdelegado de la Consejería de Trabajo en Sevilla, quien ha devuelto la totalidad de los 36.000 euros percibidos como prejubilado en Carderinox, pero dicha cantidad está destinada a las «posibles responsabilidades pecuniarias, intereses o costas que pudieran devengarse», según Alaya.
El caso de los ERE es hasta ahora el segundo en fianzas civiles de la historia judicial española.
