Una lacra para la provincia

Con una tasa de paro del 40,6% es difícil no verse tentado por la economía sumergida. Cuando uno no consigue reengancharse al mercado laboral y observa cómo pasa el tiempo sin que vuelvan los ingresos al hogar, pero las facturas no dejan de llegar, se convierte en un individuo desesperado capaz de cualquier cosa por ganar dinero, aunque sea de manera ilegal.

Pero la economía sumergida, consecuencia directa de la crisis, pero que existe desde hace tanto como el sistema económico actual, es una lacra que supone para la provincia, la pérdida de grandes sumas de dinero, que bien podrían ayudar a devolver un poco de luz a la situación actual.

En Cádiz, este tipo de fraude mueve cada año unos 5.800 millones de euros, lo que equivale al 29,3% del Producto Interior Bruto. Unas cifras desorbitadas que ahondan aún más en la necesidad de atajar estas maniobras que no suponen beneficio real para la provincia.

Para solventar este problema, la Agencia Tributaria ha destinado a 37 funcionarios -13 inspectores y 24 técnicos de Hacienda-, para acabar con ello o, por lo menos, reducirlo lo máximo posible. Hasta el momento, en el ejercicio de 2012, este equipo logró localizar algo más de 42 millones de euros en B, una cifra que se escapa del control rutinario a través de facturas falsas de IVA, impuestos de la renta irregulares o alquileres clandestino, entre otras tácticas.

Pero está claro que un número tan reducido de inspectores y técnicos no podrán hacer frente a un sistema que mueve miles de millones en la provincia, por lo que sería necesario que los gobernantes dedicasen mayor esfuerzo a luchar con esta lacra en la que están implicados todas las esferas de la sociedad, no sólo los pequeños contribuyentes y pymes.