Jueces y fiscales se resisten a archivar las causas abiertas de justicia universal

Resistencia. Esta es la premisa de jueces y fiscales de la Audiencia Nacional, que tratan de buscar vías legales para salvar alguna de las doce causas de jurisdicción universal abocadas al archivo tras la reforma aprobada en solitario por el Gobierno, que hoy entra en vigor y restringe a la mínima expresión las competencias del tribunal central.

El primero en dar un paso adelante ha sido el titular del Juzgado Central de Instrucción número seis, Eloy Velasco, que trata de mantener abierta la causa por el asesinato de seis jesuitas, cinco de ellos españoles, entre ellos Ignacio Ellacuría, ocurrido en El Salvador el 16 de noviembre de 1989.

Los religiosos fueron tiroteados en una operación planificada por militares de un batallón de las Fuerzas Armadas de aquel país, dirigido por el coronel René Emilio Ponce. El suceso tuvo lugar en plena guerra civil salvadoreña.

El juez Velasco va a preguntar primero a las partes si se trata de un crimen de lesa humanidad o de terrorismo. Este segundo caso sí entraría en el supuesto recogido por la nueva regulación de la justicia universal aprobada por el Ejecutivo con los únicos votos del PP. La otra condición es que los hechos no se hayan investigado en el país de origen. Y aunque esto sí ocurrió -hubo un juicio a los uniformados implicados-, Velasco considera ahora que hubo fraude de ley en el proceso.

A partir de ahí, el magistrado pretende elevar una cuestión de competencia a la Sala Segunda del Tribunal Supremo, tal y como señala la disposición adicional de la reforma, para que resuelva si puede seguir investigando los hechos. Hasta la fecha trece militares están procesados en la Audiencia Nacional, que ha decretado órdenes de busca y captura.

Vías de escape

El 'caso de los jesuitas' es uno de los pocos que la Fiscalía ve con probabilidad de salvarse de las nuevas restricciones legales. Sin embargo, fiscales y jueces del tribunal central no cesan en su empeño y están estudiando si algunas de las doce causas abiertas en la actualidad podrían salvarse del archivo por la calificación de los hechos como delito de terrorismo.

Otra posibilidad que barajan los togados es la de plantear cuestión de constitucionalidad por esta reforma, bien de oficio o tras dar traslado a las partes, al Tribunal Constitucional. En este sentido, los fiscales de la Audiencia ya se quejaron ante el fiscal general del Estado al entender que la reforma limita la investigación de delitos, lo que podía ser «en cierta medida» ilegal por su carácter retroactivo.

Otras tres causas que aún podrían salvarse del sobreseimiento son las que el juez Santiago Pedraz investiga por el asalto y quema de la embajada de España en Guatemala en 1980 por las fuerzas de seguridad, que causó 37 muertos, así como con el secuestro y asesinato del diplomático español Carmelo Soria, ocurrido en 1976, en plena dictadura militar chilena, que lleva Pablo Ruz.

Algo similar sucede con la causa contra ex altos cargos marroquíes supuestamente involucrados en la desaparición y asesinato de saharauis en 1975, dado que se podría considerar que los hechos se produjeron en territorio español y contra ciudadanos españoles. En cambio, pocas posibilidades tiene la causa del Tíbet, en la que está imputado el expresidente chino Jiang Zemin, y que originó la reforma del Gobierno tras las presiones de China.