Los expertos prometen 5.000 millones más de PIB al año con su reforma

«Espero que quien paga impuestos lo haga menos tras la reforma, y que empiece a hacerlo gente que hasta ahora no lo hacía... pero no sé si lo conseguiremos». Con esta declaración de intenciones cerraba ayer el veterano catedrático de Hacienda Pública Manuel Lagares su larga explicación de las 125 propuestas para la reforma fiscal que prepara el Gobierno -que implicarían hasta 270 cambios impositivos- y que se incluyen en el informe presentado en la víspera por el comité de nueve expertos que ha presidido.

Las 460 páginas del extenso estudio abarcan desde un resumen en inglés -destinado de forma implícita a las inversores extranjeros y a las instituciones internacionales- hasta un voto particular de uno de los miembros del equipo, el catedrático de Derecho Financiero Pedro Herrera, contrario a la propuesta de sus compañeros de recuperar en el impuesto de la renta la polémica imputación genérica por la tenencia de una vivienda -figura abolida en 1991-, sea la habitual o una segunda residencia. No le convenció su argumento de que sería una medida temporal y quedarían fuera las rentas inferiores a 20.000 euros.

Y es que las recomendaciones de los expertos sobre la tributación de la vivienda resultan polémicas e incluso algo incongruentes. De un lado, se propone la desaparición «progresiva» del principal tributo sobre la compra de casas (Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados) porque ya están gravadas con el IVA, pero al mismo tiempo se aconseja una «profunda reforma» del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) que concluiría con una subida generalizada del mismo. Es decir, quieren que se compren más casas «para no agravar la crisis del sector», pero se castiga después el hecho de haberlas adquirido. En este sentido, también proponen la eliminación en un plazo «razonable» de las deducciones actuales.

Esta sensación de que el comité da una de cal y otra de arena se repite en otros puntos de su largo dictamen, hasta el punto de que las primeras reacciones conocidas ayer tras una primera lectura alternaban «coincidencias» con parte de su contenido y «claras divergencias» con el resto. Entre los más disconformes, los sindicatos UGT y CC OO; por contra, entre los más satisfechos -aunque no del todo- la CEOE, que valoró la necesidad de una mayor coordinación tributaria entre administraciones y, sobre todo, la apuntada rebaja de cotizaciones sociales que, eso sí, ve «urgente».

Entre los peros -coincidentes en esto los agentes sociales-, que los expertos se hayan quedado cortos a la hora de simplificar la «excesiva complejidad» del sistema tributario actual, y el temor a que todo quede en una mera sucesión de cambios que aumente la «inseguridad fiscal».

Porque si algo quisieron dejar claro tanto el Ejecutivo como el comité es que el informe es sólo una amalgama de propuestas. «Habrá asuntos donde podamos coincidir y otros en que no», advirtió la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría tras la reunión del Consejo de Ministros. «Este no es el proyecto del Gobierno», insistió, aunque no recortó en elogios hacia su trabajo.

Encajar el rompecabezas

El propio Lagares era consciente de su posición. «Es un informe independiente al máximo», puntualizó en su comparecencia ante la prensa. «No ha habido conexión con el Gobierno -más allá del encargo hecho el pasado 10 de julio-; nosotros hemos hecho nuestro trabajo y ahora le toca al Ministerio de Hacienda encajar este damero maldito».

No será fácil, porque el «rompecabezas» que han construido los expertos alterna rebajas de tipos en el IRPF y el impuesto de Sociedades, con recortes drásticos de deducciones, reducciones, exenciones «y demás gabelas», además de eliminación directa de algunos impuestos (como el de Patrimonio). Eso sin contar medidas claramente controvertidas (amén de la 'penalización' de toda vivienda) como introducir un impuesto mínimo sobre el vino.

Tampoco se antoja pacífica su propuesta de subir de forma indirecta el IVA para costear su deseada «devaluación fiscal», es decir, bajar las cotizaciones sociales, todo en aras a incentivar la creación de empleo sin que se resienta el cumplimiento de los objetivos de déficit. En principio, les bastaría con el que Gobierno sacara del tipo reducido (10%) algunos bienes y los pasara al general (21%), si bien quedarían intocables el turismo y la hostelería, la vivienda y el transporte. No llegan a cuantificar el impacto de esa medida concreta, aunque hacen otra cuenta: los pagos a la Seguridad Social podrían bajar entre tres y cuatro puntos si el IVA aumentara de dos a tres.

Si de números hablamos, el comité también tiene los suyos sobre la contribución que la reforma haría al crecimiento económico de aplicarse según sus cambios: 5.000 millones de euros al año (0,5% del PIB), «compatibles» incluso «con una ligera aceleración en la senda de reducción del déficit». Algo que, sin duda, gustará a la 'troika'.

Porque Lagares reconoció que su informe ha tenido «muy en cuenta» las recomendaciones de la Comisión Europea y el Fondo Monetario Internacional, entre otros organismos. Parece haberse olvidado, sin embargo, de las administraciones territoriales, de donde ya empezaron a llover ayer las críticas. El hecho de que abogue por la desaparición de la mayoría de sus 70 tributos propios pretendidamente medioambientales, o de que sugiera que a partir de ahora cualquier nuevo impuesto regional deba ser consensuado antes con el resto en el Consejo de Política Fiscal y Financiera no ha gustado nada a algunas comunidades autónomas.