Andalucía alerta de «dumping fiscal» entre comunidades por la nueva reforma

Dentro de la «prudencia» hasta conocer el informe definitivo sobre la propuesta de reforma fiscal que maneja el Gobierno de la nación, la consejera de Hacienda andaluza, María Jesús Montero, valoró ayer los trazos principales de este proyecto que anuncia un cambio radical en la fiscalidad de los ciudadanos y de los territorios.

En este último extremo, Montero dijo que la autonomía fiscal de las comunidades que se plantea, con un «discurso menos claro», puede llevar a un «dumping fiscal», de modo que «las comunidades más ricas planteen una bajada de impuestos, mientras que las de menor renta necesitan mejor recaudación y eso les lleva a una mayor subida impositiva».

Andalucía se muestra partidaria de «ir a una mayor corresponsabilidad fiscal siempre que haya una garantía de recursos suficientes para la financiación de servicios básicos, es decir que el modelo de financiación aporte los recursos necesarios para una sanidad pública, una educación pública y una dependencia pública».

Tributar por el consumo

La Junta valora como «profundamente regresiva» la propuesta, porque «no se va a tributar en función de la renta, sino del consumo», y recuerda que «el Gobierno de España ha subido 40 impuestos, esto significa que la mayoría de los españoles hemos tenido una subida reciente que está generando dificultades para llegar a fin de mes y para el estímulo de la actividad económica».

A su juicio, los impuestos directos van a tener un comportamiento menos progresivo, es decir que «vamos a perder algo de que el que más tiene más paga, al unificar algunos tipos y disminuir los tramos» y aunque aprobó la idea de que las rentas más bajas tengan menos carga fiscal, «porque las familias están viviendo un proceso de empobrecimiento muy grave con motivo de la crisis», dijo que la rebaja que se anuncia, para rentas inferiores a 20.000 euros, va a alcanzar a muy pocas personas.

Respecto al Impuesto de Sociedades, María Jesús Montero dijo que le preocupa que «se vuelva a cargar más sobre la pequeña y mediana empresa, porque se van a eliminar las deducciones a las pymes», el grueso del tejido empresarial andaluz, mientras que se beneficia a las grandes multinacionales, que ya tenían trato de favor. Resaltó que se eliminan las deducciones por creación de empleo y por I+D+i, «que son muy importantes para la consecución del nuevo modelo productivo».

También rechazó que se planteen deducciones familiares «por suscribir un seguro privado, por llevar niños a colegio privado o por tener una prestación de dependencia pagada privadamente». Montero estima que esto va contra la idea de que todos los ciudadanos puedan contribuir en la financiación de los servicios básicos y que se puede llegar a generar «un modelo dual en que las personas que se lo puedan pagar y deducir vayan a servicios de calidad y se empobrezcan los servicios dirigidos a quienes no los pueden pagar».