Mas garantiza que el 9 de noviembre sacará las urnas para celebrar la consulta

La batalla dialéctica, jurídica y política que libran el Gobierno central y el catalán como consecuencia del proceso soberanista se encona cada vez más. Aunque ambos insisten en que están dispuestos a dialogar, la realidad los desmiente, la crisis institucional se acrecienta y la distancia entre administraciones aumenta día a día.

El presidente de la Generalitat, Artur Mas, avanzó ayer un paso más en el desafío al Estado y aseguró que el 9 de noviembre, fecha prevista del referéndum, sacará las urnas a la calle. Hasta ahora, el dirigente nacionalista se había comprometido únicamente a firmar el decreto de convocatoria de la consulta y a no cometer ninguna ilegalidad. «Efectivamente, la convocaré, y si lo hacemos de acuerdo con una ley catalana y se trata de consultar, ¿cómo quiere usted que no pongamos las urnas?», le replicó a la líder del PP, Alicia Sánchez Camacho, que le recordó que entre el Gobierno y el Constitucional le impedirán todas las vías para celebrar esa consulta.

El presidente catalán nunca había ido tan lejos como para advertir con sacar las urnas sí o sí, aunque una vez más jugó con la ambigüedad de las palabras. Y es que el responsable de la Generalitat en ningún momento afirmó que vaya a hacerlo si no tiene un amparo legal para celebrar la cita, pero tampoco lo negó. La norma estatal no le servirá y por eso mira a la ley catalana de consultas, que está en proceso de aprobación en la cámara.

La estrategia del Gobierno catalán pasa por jugar con los tiempos. Sus servicios jurídicos buscan lagunas, de tal manera que a Mas le dé tiempo a firmar la convocatoria del referéndum justo después de que el Parlamento autonómico apruebe la ley de consultas, pero antes de que el Gobierno impugne la norma catalana y quede suspendida en cuento llegue al Constitucional. El Ejecutivo catalán cree que puede adelantarse por unos días al recurso del Gobierno y de esa manera podrá afirmar que convocó la consulta de acuerdo a una norma legal y plenamente vigente.

Lo que estaría luego por ver es cómo cumple Mas su compromiso de poner las urnas y consigue al tiempo no cometer ninguna ilegalidad. «La consulta será legal o no será», dijo recientemente. La frase de ayer fue además fruto de un agrio debate parlamentario con Sánchez Camacho, donde quizá se le calentó el verbo más de lo que quería. Aunque también le sirvió para calmar a los sectores más soberanistas de su partido y de Esquerra, que le aprietan para que no ceda en el pulso, y para lanzar un mensaje a los votantes convergentes que se plantean huir a ERC en las europeas.

Negro escenario

La escalada verbal de Mas fue también respuesta al segundo informe que elabora Asuntos Exteriores para aplacar las ansias independentistas de una parte de los catalanes y, sobre todo, del empresariado. Si el primero trató de demostrar la nulas posibilidades jurídicas de una Cataluña independiente, en este caso se centra en la «inviabilidad económica de una Cataluña independiente, fruto de una declaración unilateral, que supondría una Cataluña no reconocida internacionalmente y excluida de la Unión Europea».

El documento arroja una cifra demoledora: si la comunidad fuera independiente sería un 20% más pobre por culpa de la caída de las exportaciones, el aumento de la deuda, las deslocalizaciones de empresas, el descenso del turismo y la bajada de la inversión extranjera. La secesión sería una «catástrofe» para Cataluña y «muy dolorosa y económicamente perjudicial» para el resto de España, según afirmó el ministro de Exteriores, José Manuel García Margallo, de visita en Barcelona.

Desde el Gobierno autonómico le replicaron que Cataluña ya pierde todos los años un 8% de su PIB por el déficit fiscal y por pertenecer a España. Margallo, por su parte, se mostró convencido de que Mas no llegará tan lejos como para sacar las urnas a la calle y por tanto no «actuará fuera de ley».

El ministro continuó en la capital catalana la campaña que desde la Moncloa se ha bautizado como el derecho de los catalanes a saber una verdad distinta a la que difunde el nacionalismo. Se reunió con Josep Antoni Duran Lleida y con representantes de las multinacionales asiáticas e insistió en la idea de que «solo los estados fuertes, agrupados en organizaciones regionales sólidas, son capaces de sobrevivir con éxito».