Gallardón rectifica y admite que el Gobierno indultó a corruptos

Las palabras de Alberto Ruiz-Gallardón que, el miércoles, en una conferencia de Faes en Barcelona, aseguró que «este Gobierno no ha concedido ni un solo indulto por asuntos de corrupción», levantaron ayer una importante polvareda en los ámbitos político y judicial, que tacharon al ministro de Justicia de mentiroso al no contar la verdad sobre las amnistías concedidos a condenados por delitos contra la Administración Pública.

Bien es cierto que no son muchos los casos, apenas diez de los cerca de 700 indultos acordados por el Ejecutivo entre 2012 y 2013. Asimismo, de esta decena solo dos son políticos que ostentaban cargos públicos de relevancia y que fueron perdonados en 2012. Uno de ellos es un exalcalde del PP de la localidad malagueña de Valle de Abdalajís, Tomás Gómez Arrabal, condenado a diez años y medio de prisión por delitos continuados de prevaricación urbanística y que al final fueron conmutados por una pena única de dos años e inhabilitación de por vida.

El segundo caso es el que fuera secretario general de la Consejería de Trabajo de la Generalitat, Josep Maria Servitje, de CiU, condenado a cuatro años y medio de cárcel. En verano de 2012 el Gobierno central le redujo sus penas a una multa de 3.650 euros.

Ante esta evidencia, recordada tanto desde IU como desde el colectivo Jueces para la Democracia, Ruiz-Gallardón no tuvo más remedio que dar marcha atrás y matizar las palabras que un día antes había pronunciado en la conferencia de Faes, el laboratorio de ideas del PP.

«Dinero al bolsillo»

Dijo ayer el ministro que el Gobierno no ha indultado a ningún político que se haya «llevado dinero al bolsillo» y que esa política se mantendrá porque es una «decisión firme». Un aviso a navegantes para solicitantes como el exministro Jaume Matas. Explicó Ruiz-Gallardón sobre el perdón concedido al referido alcalde malagueño -del que en su momento ya defendió los matices de su condena, ya que no se había lucrado con la prevaricación-, que había abonado la multa y toda la corporación de ese municipio de 2.700 habitantes (PP, PSOE e IU) apoyaron su indulto.

A preguntas del diputado de IU, Gaspar Llamazares, el ministro quiso precisar que la corrupción no es un concepto jurídico que esté delimitado en el Código Penal y que sus palabras se referían a una pregunta concreta sobre políticos que se llevan al bolsillo dinero público.

También respondió a los colectivos judiciales y magistrados del Supremo que, de forma velada, vienen pidiendo la supresión y/o reforma de una figura arcaica como es el indulto. Señaló el ministro que se trata de una medida que adapta a la realidad una previsión del legislador que no es capaz de advertir todas las circunstancias de una condena, muchas de ellas sobrevenidas. Además, quiso dejar claro que el 96% de los indultos que concede el Gobierno del PP tienen la conformidad de la sala sentenciadora o la Fiscalía.