La justicia conserva las agendas de Sarkozy sin aclarar si valen de prueba

La justicia francesa conserva las agendas confiscadas al expresidente conservador Nicolás Sarkozy pero sin dilucidar su legalidad como prueba de cargo. El Tribunal Supremo no dirimió ayer por motivos jurídicos esta cuestión crucial para el regreso a la política activa del líder del centroderecha galo. La falta de pronunciamiento acerca de si las agendas están cubiertas o no por la inmunidad presidencial abre un compás de espera que permite a los jueces y a los abogados del ex jefe del Estado mantener las espadas en alto en un pulso crispado por los pinchazos telefónicos con el probable conocimiento del Gobierno socialista y las acusaciones de conspiración política orquestada por la izquierda en vísperas de las elecciones municipales y europeas.

La Corte de Casación ni siquiera entró en materia. Sarkozy había pedido la nulidad de la confiscación de sus agendas por los jueces instructores del 'caso Bettencourt'. Esgrimía que el artículo 67 de la Constitución estipula que el jefe del Estado no puede ser perseguido por los actos cometidos en el ejercicio de sus funciones y que esa inmunidad presidencial debe ser extensiva a los objetos vinculados al cargo. Pero el alto tribunal juzgó la demanda inadmisible porque Sarkozy ya no es parte en esa causa ya que fue exculpado de haberse prevalido de la demencia senil de la anciana multimillonaria.

Las citas del caso

Con la disculpa de plantear una cuestión de principio, el líder conservador pretendía en realidad desactivar el potencial incriminatorio de las agendas en el 'caso Tapie'. Los instructores de este sumario han recibido de sus colegas del 'caso Bettencourt' copia de 47 páginas en las que figuran numerosas citas con el empresario Bernard Tapie en fechas claves del ventajoso arbitraje por la compraventa de Adidas que costó 405 millones de euros al Estado.

Las agendas constituyen el principal elemento de cargo en manos de los jueces para sustentar las sospechas de favoritismo de Sarkozy hacia un influyente magnate que llamó a votar por él en las elecciones presidenciales de 2007 y 2012. Pero las reuniones en el Elíseo no bastan por sí solas para probar que el entonces presidente interviniera a favor de Tapie en el laudo organizado en la cúspide del Estado, una hipótesis no corroborada hasta la fecha por ningún testimonio. «Nada cambia en mi caso porque yo he autentificado, asumido y explicado esas citas», declaró ayer el hombre de negocios, imputado por estafa en banda organizada.

Sarkozy, que esperaba cantar victoria, se ha encontrado con la partida aplazada. Mientras se resuelve la cuestión de la licitud de la confiscación de las agendas, los jueces pueden incluso llamarle a declarar para que se explique sobre las reuniones anotadas en ellas. Sería entonces cuando objetaría de nuevo la legalidad de la prueba con toda pertinencia esa vez por ser parte en la causa. Los consiguientes recursos llegarían entonces hasta el Supremo, obligado por fin a pronunciarse.

Mientras tanto cunde la impresión de que el Gobierno socialista sabía que el teléfono del líder conservador estaba pinchado por orden judicial desde hace casi un año. El semanario Le Canard Enchaîné publica hoy que la Fiscalía envió el pasado 26 de febrero un resumen de las conversaciones interceptadas a la ministra de Justicia, Christiane Taubira. Añade que el titular de Interior, Manuel Valls, también estaba al corriente de que los jueces habían ordenado escuchar el móvil con el que Sarkozy se comunicaba con su abogado.