Urdangarin se libra de una nueva acusación por blanqueo de dinero

Iñaki Urdangarin se libra, al menos de momento, de sentarse en el banquillo acusado también de blanqueo de capitales. El juez del 'caso Nóos', José Castro, ha rechazado la petición del sindicato Manos Limpias de imputar al duque de Palma, a su exsocio, Diego Torres, y a la esposa de este último, Ana María Tejeiro, por lavado de dinero. La acusación popular entendía que, además de defraudar al fisco, se dedicaron a reintroducir ese dinero negro en el circuito legal a través del uso regular de los fondos de procedencia ilícita para sus compras familiares, tales como viajes, restaurantes, fiestas, hoteles, reformas de inmuebles o cursos de baile.

El juez no entra siquiera a valorar los hechos porque considera que sería ilegal imputárselos, ya que la figura del denominado «autoblanqueo», que es la que casaría con la supuesta actuación de Urdangarin y el matrimonio, se introdujo en el Código Penal en 2010, posteriormente a los hechos denunciados, por lo que no cabría la aplicación retroactiva, pues se trata de una norma desfavorable para el reo.

En su auto, José Castro recuerda que él mismo, en un escrito de enero pasado, hizo «determinadas consideraciones sobre la posibilidad de iniciar una nueva línea de investigación» que apuntaba a la participación en el blanqueo de la infanta Cristina, aunque, acto seguido, asegura que «esta posibilidad se enmarcaba en un escenario hipotético que no se ha materializado».

Nadie en los juzgados de Palma se atrevió a interpretar la enigmática frase del instructor, que podría apuntar a que no mantendrá la imputación por lavado de dinero contra la hija del Rey, quien solo quedaría vinculada a la causa por fraude fiscal. Sea como fuere, Castro aseguró que tras las dos declaraciones de Urdangarin y Torres y el interrogatorio de Tejeiro «se ha de entender por el momento suficientemente instruida la causa sin precisar de ninguna añadida».

Descartado el «autoblanqueo», Urdangarin se sentaría en el banquillo acusado de tres delitos fiscales, amén de malversación, fraude a la Administración y prevaricación. Unos hechos por los que la Fiscalía prevé reclamar hasta 17 años de cárcel si no hay un acuerdo antes.

Al margen de la negativa a ampliar las acusaciones contra el yerno del Rey, Castro también resolvió ayer otras cuestiones, entre ellas la de volver a citar a declarar como testigo al expresidente de la Comunidad Valenciana Francisco Camps.

El juez, que aún no ha fijado fecha para esta comparecencia, quiere que Camps conteste a las nuevas preguntas propuestas por las partes, tras conocer su declaración por escrito del pasado 1 de febrero. El expresidente autonómico, de nuevo en un despacho oficial, sin comunicación y en presencia de la secretaria del juzgado de instrucción, tendrá que responder a cuestiones relacionadas con las adjudicaciones que la Generalitat hizo al Instituto Nóos, entre ellas la organización de los Valencia Summits y de los fallidos juegos europeos.

Gallardón

José Castro se reafirmó, también ayer, en su decisión de no citar como testigo del exalcalde de Madrid y actual ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardon, para explicar por qué el consistorio de la capital de España entregó a una de las sociedades que dirigía Iñaki Urdangarin más de 140.000 euros para promocionar la candidatura Madrid 2016, sin que conste que la sociedad hiciera trabajo alguno a cambio de ese pago. Según Castro, el interrogatorio del ministro, que había sido solicitado por la defensa de Torres, solo serviría para «satisfacer la curiosidad» del exsocio porque no serviría para el esclarecimiento de los presuntos delitos. No obstante, el juez avisa de que siempre podría llamarse a declarar como testigo a Ruiz-Gallardón en el juicio.

Por otra parte, la Audiencia de Palma rechazó la petición de Torres de que se recabase información de una gran cantidad de facturas libradas al Instituto Nóos. Los jueces consideran esa diligencia innecesaria porque no se investigan las facturas sino la malversación de dinero público.