De Guindos admite que se modificará el IVA aunque «los cambios no serán sustanciales»

Mariano Rajoy ha fiado gran parte de su futuro político a la reforma fiscal «profunda» e «integral» que su Gobierno viene diseñando bajo la estricta supervisión de Bruselas desde hace meses. La Comisión Europea insiste en que bajar impuestos y reducir el déficit es algo así como la cuadratura del círculo, pero el presidente mantiene que los españoles tendrán más poder adquisitivo a partir de 2015, año electoral. Quizá baje el IRPF, pero el IVA tiene todas las de perder, como parece que concluirá el informe de sabios dirigido por el catedrático Manuel Lagares y que será debatido este viernes o el próximo en el Consejo de Ministros. Habrá subida, aunque la Moncloa debe medir el impacto fiscal y social para decidir si apuesta por incrementar los tipos generales (4%, 10% y 21%) o si se decanta por un trasvase de productos en la escala de tributación. La UE y el FMI exigen gravar el consumo y reducir la tributación directa y las cotizaciones sociales, y si Bruselas lo dice...

Ayer, en la capital europea, el ministro de Economía, Luis de Guindos, reconoció que habrá modificaciones pero intentó restarle trascendencia al asegurar que «en absoluto serán sustanciales» porque el IVA en España, apostilló, ya está «absolutamente homologado» con la media europea después de la subida aprobada en julio de 2012 por el Gabinete Rajoy en plena tormenta financiera y con el país al borde del abismo del rescate total. Entonces, se tocaron los tipos generales y la cesta de productos de cada uno de ellos. Ahora, el silencio se ha apoderado de Moncloa. Según las últimas filtraciones, la comisión de sabios habría propuesto subir el IVA reducido del 10 al 21%, pero no hay que olvidar que el texto es relevante pero no vinculante.

Preguntado sobre este asunto, De Guindos eludió entrar en más detalles para limitarse que España ya está cumpliendo las recomendaciones de la Comisión. Bruselas, la semana pasada, volvió a recomendar al país que apueste por gravar todavía más el consumo, los impuestos medioambientales o incluso los de la propiedad ya que «son menos perjudiciales para la recuperación y afianzar el crecimiento del país». Subir por este lado y bajar por el de la tributación del trabajo, sobre todo con el descenso de las cotizaciones sociales para impulsar la creación de empleo.

«Acabamos de aprobar una medida muy importante como la tarifa plana que supone una bajada de cotizaciones», explicó De Guindos a su entrada en el consejo de ministros de Finanzas de los Veintiocho. «De alguna forma, esa recomendación se está teniendo en consideración», incidió antes de recordar que el «Gobierno ya ha tomado medidas importantes en relación con el IVA (subida de julio de 2012) y no se van a producir modificaciones en absoluto sustanciales».

Por otra parte, el consejo de ministros de Finanzas de la Unión Europea (Ecofin) dio ayer un mandato «definitivo» a la presidencia de turno griega para que presente a la Eurocámara su propuesta final de acuerdo para levantar el segundo pilar de la unión bancaria, el llamado Mecanismo Único de Resolución (MUR), el instrumento que será capaz de decidir si un banco debe cerrarse. «No esperamos una reunión 'in extremis' la próxima semana», recalcó el titular español, Luis de Guindos. Y es que el tiempo se agota -debe aprobarse ya por la disolución de la Cámara- y el acuerdo sigue siendo complicado.

Europa vuelve a enfrentarse al enésimo abismo en lo económico y pese a que dominan los mensajes de optimismo, la influencia de la cerrazón alemán, por un lado, y del Parlamento Europeo, por el otro, pueda dilatar el proyecto «más relevante desde la creación de la moneda única» hasta la próxima legislatura y casi con total seguridad, hasta 2015, una suerte de bomba de relojería para la incipiente recuperación económica.

En este mandato «definitivo», los ministros de la UE incluyen ciertas cesiones que sobre la mesa no colmarán las expectativas de la Eurocámara. El Ecofin admite bajar de diez a «siete u ocho años» la creación del fondo de resolución de 55.000 millones que se creará con dinero de las entidades bancarias y cuyo fin será afrontar posibles liquidaciones. Un instrumento dividido en compartimentos nacionales que se irá mutualizando de forma gradual, de forma que no será 100% europeo hasta dentro de esos siete u ocho años. «También se ha dejado abierta la posibilidad de acelerar la aportación del dinero», matizó De Guindos, que se mostró optimista.