El Gobierno no ve «claro» crear una sociedad pública de autopistas de peaje

Entramos en años de elecciones -europeas en mayo, territoriales en la primavera de 2015 y generales a finales del mismo- y las dudas se acrecientan para tomar decisiones que cuesten votos. El Gobierno, oficialmente, niega que su replanteamiento sobre temas como la agrupación de las autopistas de peaje en quiebra bajo el paraguas público o la privatización del ente aeroportuario AENA, que tan claros veía hace apenas un semestre, responda a ese motivo. Pero sí admite que ya no hay la misma firmeza.

«El Ministerio de Fomento no tiene preferencia por una solución u otra», señaló ayer el secretario de Estado de Infraestructuras, Rafael Catalá, cuando se le preguntó sí el departamento dirigido por Ana Pastor mantenía todavía su idea original de crear esa sociedad, remedo de la antigua Empresa Nacional de Autopistas (ENA) privatizada en 2003. Eso sí, esta segunda opción les convence cada vez menos.

«Si la sociedad tuviera sostenibilidad» y fuera rentable a medio plazo, «sí sería factible», explicó durante unas jornadas organizadas por la APIE. «Pero eso no está nada claro», matizó después; «por eso no se ha creado» hasta el momento y «mantenemos aún serias dudas», apostilló sin cerrar del todo la puerta.

Y es que para el número dos de Fomento, el escenario de la liquidación resulta «indeseable», aunque «quizá también sea inevitable», admitió a continuación. Lo primero se debe a que se abriría un horizonte «de litigios y judicialización» con el sector -con reclamaciones cruzadas entre concesionarias, constructoras, bancos, expropiados y, en última instancia, el propio Estado-, «difícil de prever, complejo de gestionar y largo en el tiempo». Claro que sí el pasado otoño el Ejecutivo tenía prisa por resolver el asunto, ahora no parece verlo tan prioritario. «La solución final llegará en las próximas semanas... o meses», dijo Catalá para abrir ese horizonte temporal. «No hay una fecha fija ni un calendario preconcebido», respondió ante la insistencia del presidente de la patronal de las constructoras (Seopan), Julián Núñez, por que todo esté solventado en un mes.

Concurso de acreedores

La principal presión para agilizar la solución -ahora en manos de Hacienda para que la asunción de más deuda pública por el agujero de las vías de peaje (3.600 millones de deuda) no engorde el déficit, para lo cual las constructoras aceptarían renunciar a su parte en la sociedad- vendría de los procesos concursales en que se encuentran nueve autopistas. No obstante, Catalá cree que los jueces son conscientes de que el tema «está ya en la cocina» y por eso se han aplazado algunas juntas de acreedores (la primera será en mayo).

Respecto a la posible privatización parcial del gestor público aeroportuario, el secretario de Estado también matizó (como en las autopistas) la insistencia inicial del Gobierno. «No hay ninguna prisa», dijo antes de admitir incluso un replanteamiento de su prevista salida a Bolsa porque «no es una obligación».

Catalá explicó que ese tema puede esperar -incluso a la próxima legislatura, aunque no dio plazos- porque, dada la situación saneada de sus cuentas -con un beneficio de más de 300 millones de euros en 2013, casi la misma cuantía que ganaron las empresas de Fomento- «no necesariamente ha de ser privatizada».