La CNMC justifica el recorte en las ayudas a las renovables

«Hay personas que tomaron decisiones empresariales con un boletín oficial sin entender que existe una cosa que es el riesgo regulatorio». Con esta advertencia a navegantes, pero que llega ya tarde para quienes invirtieron años atrás en el desarrollo de las energías renovables en España al calor de unas primas jugosas, justificó ayer el presidente de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC), José María Marín Quemada, el severo ajuste en esas ayudas públicas pese a la inseguridad jurídica.

Explicó que ese «riesgo» consiste en la abultada diferencia entre los tipos de interés que marcaba el BCE en el momento de las inversiones, de cerca del 2,5%, y las rentabilidades obtenidas por esos inversores, que llegaron al 25%. La consecuencia de ello es que las llamadas energías verdes han costado 9.000 millones al erario público.

Y eso que ya se pagó «mucho dinero» por ellas en el momento de instalarlas -apuntó-, dado que su «curva de aprendizaje» de cara a poder automantener sus costes estaba todavía en una fase incipiente. «¿Puede permitirse España pagar tanto dinero a un sector con retornos superiores al 20%», se preguntó con un tono veladamente crítico.

Marín Quemada también apoyó la eliminación de las subastas en el mercado mayorista de electricidad para calcular el precio de la luz, al tiempo que anunció que en cuestión de pocas semanas habrá culminado su investigación sobre las posibles irregularidades que se dieron en dicho sistema en diciembre.

Investiga los contadores

No serán las únicas pesquisas sobre el sector eléctrico que mantenga abiertas la CNMC. La autoridad de competencia ha enviado sendos requerimientos a las compañías para esclarecer cuántos contadores electrónicos 'inteligentes' se han instalado ya -el retraso en la renovación de los antiguos ha obligado a aplazar hasta el 1 de junio la entrada en vigor del nuevo sistema tarifario-, así como de qué tipo son y cómo se conectan a la red. Quiere anticiparse así a las posibles 'anomalías' de funcionamiento que las propias empresas han reconocido de forma implícita a causa de las «prisas» del Gobierno para su implantación.

De otro lado, la Generalitat catalana acordó ayer presentar un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley del Sector Eléctrico, al estimar que «prácticamente vacía de contenido» las competencias autonómicas en materia de energía.

A su vez, Andalucía, Aragón y otras comunidades anunciaron también ayer en la conferencia sectorial que harán alegaciones contra el ajuste a las renovables (1.700 millones en todo el país) por la destrucción de empleo que se generará.