La Seguridad Social liquidará las cotizaciones sociales a las empresas por cada asalariado

La Seguridad Social va a establecer un nuevo sistema de liquidación de cuotas sociales que sustituirá a la tradicional autoliquidación que tienen que hacer ahora las empresas por sus trabajadores. El nuevo modelo consistirá en que la Tesorería de la Seguridad Social efectuará directamente el cálculo individualizado de la cotización correspondiente a cada trabajador elaborado en función de la información en su poder y la que deba proporcionar la empresa, según el borrador de anteproyecto de ley remitido a los agentes sociales.

Cada mes, la Tesorería General de la Seguridad Social remitirá un boletín a la empresa que esté integrada en este sistema en el que aparecerán los datos del trabajador, se le aplicarán directamente las bonificaciones y determinará las cuotas sociales que deba abonar a la Seguridad Social.

Con este nuevo sistema se persigue simplificar el cumplimiento de la obligación de cotizar al reducir las cargas administrativas de las empresas y eliminar la duplicidad en la aportación de datos. Pero, sobre todo, se busca mejorar el control en las cuotas, como la aplicación de beneficios en la cotización y en las compensaciones por el pago de prestaciones de incapacidad temporal. La información será previamente contrastada por la Tesorería General de la Seguridad Social lo que, en principio, aporta más fiabilidad al tratarse de una liquidación directa. Se trata de «adelantarse al fraude», apuntaron fuentes de la Seguridad Social.

Según la memoria de impacto económico que acompaña al borrador del anteproyecto, el Ministerio de Empleo calcula que ingresará 143,8 millones más al eliminar cotizaciones por desempleo inferiores a las que deberían realizarse, y otros 27,5 millones al suprimir bonificaciones indebidas.

El nuevo modelo ha estado en pruebas en 300 empresas como experiencia piloto y empezará a aplicarse en el mes de julio con el objetivo de que en diciembre esté implantado en el colectivo total, que corresponde a 1,3 millones de empresas que tienen alrededor de 13 millones de asalariados. Durante ese periodo coexistirán el modelo de autoliquidación por las empresas y el de liquidación directa por la Tesorería de la Seguridad Social.

El anteproyecto de ley, que consta de tres artículos, una disposición derogatoria y dos disposiciones finales, señala que «para realizar la función recaudatoria, la Tesorería General de la Seguridad Social podrá concertar los servicios que considere convenientes con las distintas administraciones públicas o con entidades particulares habilitadas al efecto». La habilitación tendrá que ser aprobada necesariamente por el Consejo de Ministros.

La Seguridad Social determinará la cotización correspondiente a cada trabajador «a solicitud del sujeto responsable de su ingreso y cuando los datos que éste deba facilitar permitan realizar el cálculo de su liquidación». Pero no procederá a la liquidación de cuotas de los trabajadores que no figuren en alta en el régimen de la Seguridad Social durante el periodo a liquidar, aunque se hubiesen facilitado los datos.

En caso de no abonar las cuotas dentro del plazo legal se aplicará un recargo del 20% si se abonan antes de que se cumpla el plazo de ingreso establecido en el acta de liquidación o del 35% si se sobrepasa. La implantación de la liquidación y recaudación a cargo de la Seguridad Social llega después de haber impuesto la obligación de cotizar por las retribuciones en especie, que es otro de los elementos a controlar para evitar el fraude.

Fuentes de la Seguridad Social señalaron que la Tesorería General contrastará los datos facilitados por la empresa con los convenios colectivos firmados y compartirá información con la Agencia Tributaria, la Inspección de Trabajo y el Servicio Público de Empleo Estatal. Por todo ello, el Ministerio confía en detectar también deducciones incorrectas por compensaciones de incapacidad temporal, cotizaciones inferiores por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales o falta de cotización a tiempo parcial por jornadas inferiores a las reales. En cuanto al beneficio que obtendrán las empresas por la menor carga administrativa, el departamento que dirige Fátima Báñez lo cifra en más de 63 millones de euros anuales.