La justicia anula los despidos de los exjefes de Catalunya Banc

Un juez excesivamente riguroso y un exceso de confianza al argumentar su despido por parte del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), dueño del nacionalizado Catalunya Banc, han terminado por propiciar el reingreso en la entidad de sus dos polémicos antiguos jefes: el expresidente Adolf Todó y el ex consejero delegado Jaume Masana. La alternativa sería indemnizarles con 1,2 millones de euros, la mitad para cada uno.

Así lo acordó el titular del Juzgado de lo Social número 8 de Barcelona, Francisco Leal, tras estimar parcialmente una demanda de los dos exdirectivos. No obstante, el ministro de Economía, Luis de Guindos, anunció ayer que el FROB recurrirá el fallo -lo que permitirá paralizar su ejecución- a través del propio banco catalán, pues entienden que los fundamentos de los despidos son «correctos» y confía en que el Tribunal Superior de Cataluña les dé la razón dentro de unos meses.

No será fácil, sin embargo, a tener de los fundamentos jurídicos de esta polémica sentencia. Para su autor, las dos entidades demandadas «adolecieron de la concreción necesaria», tanto en la carta de despido como en las pruebas que pidieron luego para avalar su contenido. Más aún, sostiene que dichos escritos estaban «repletos de comentarios genéricos que tampoco en el acto de juicio fueron detallados».

El juez recomienda incluso al FROB y al banco que deberían haber propuesto «la práctica de una o varias periciales técnicas» que permitieran «pormenorizar» la «gravedad» de la conducta de los dos despedidos. Ambos fueron acusados de un «incumplimiento grave y culpable» en sus funciones, materializado en hechos de «extrema gravedad» que, según Leal, no tuvieron después «el mínimo rigor probatorio exigible a una valoración judicial».

Dejación de funciones

Las entidades citaban como ejemplo de la «flagrante dejación de funciones» de Todó y Masana su actitud de «oposición interna» hacia el «socio único» de Catalunya Banc (el banco). También hacían referencia a su «irresponsabilidad» provocó una crisis interna en el banco a varios niveles, e incluso un «gravísimo fallo de seguridad» que propició la ocupación de su sede por los sindicatos.

Aludían, asimismo, a la «insólita» presentación de una versión «propia (no oficial)» de las cuentas anuales (2012) con comentarios «alarmistas e infundados» para dañar la imagen de la entidad y, al mismo tiempo, frustrar su posible venta a terceros. Incluso llegaban a acusarles de cometer «excesos» en algunas contrataciones externas.

Para el juez que ha revisado las demandas, sin embargo, que los dos exdirectivos fueran tachados de «deslealtad» -entre otras descalificaciones- resulta sólo un argumento 'interesado' de parte, y no probado. Lo que sí está acreditado, como recordó De Guindos, es que el Estado tuvo que «meter mucho dinero de los contribuyentes (12.052 millones)» en la entidad por su mala gestión, el mayor rescate bancario en comparación con sus activos ponderados por riesgo (42.221 millones).