La jueza Mercedes Alaya a su llegada el pasado viernes a los juzgados de Sevilla. :: EFE
ANDALUCÍA

La jueza Alaya vuelve a citar a Ruiz Mateos y le advierte de que puede ordenar su detención

SEVILLA. Actualizado: Guardar
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La jueza que investiga los ERE fraudulentos, Mercedes Alaya, ha citado a declarar para mañana miércoles de nuevo al empresario José María Ruiz Mateos y le ha advertido de que de no comparecer «la orden de citación podrá convertirse en orden de detención».

Alaya citó a declarar a Ruiz Mateos por la inclusión de intrusos en los expedientes de regulación de empleo pagados con dinero de la Junta de las empresas Nueva Rumasa del empresario jerezano, entre ellas por dos beneficiarios irregulares de pólizas en el ERE del hotel Cervantes de Torremolinos, Carlos Andrés Sendino y José Antonio Cuevas. También le atribuye intrusos en Dhul, Garvey y Complejo Bodeguero Bellavista.

Tras la primera citación del pasado miércoles, Ruiz Mateos dijo: «Que no me esperen en Sevilla, que llevo esperando 30 años a ver un resquicio de mínima honradez que no hubo nunca», según recogió Europa Press.

A las empresas de Ruiz Mateos la jueza la atribuye el pago de hasta 600.000 euros al 'conseguidor' Juan Lanzas por tráfico de influencias en la consecución de los ERE para sus empresas. Además del padre hay tres hijos Ruiz Mateos imputados en la causa.

En libertad María Vaqué

La directiva de Vitalia María Vaqué, en prisión desde marzo de 2013, ha quedado en libertad, tras lo cual sólo sigue en prisión por el caso de los ERE su compañero de la misma empresa Eduardo Pascual.

Fuentes del caso informaron a Efe de que Vaqué pago la semana pasada en metálico los 50.000 euros en que había quedado fijada su fianza y el viernes abandonó la prisión de Barcelona, donde permanecía encarcelada como centro más próximo a su domicilio.

Vaqué y Pascual fueron encarcelados por las sobrecomisiones que cobraron en el caso de los ERE.

Por otro lado, Mercedes Alaya ha decretado la responsabilidad civil subsidiaria de la UGT y sus empresas por la fianza de 471.352 euros impuesta a Manuel Roberto Carmona, responsable andaluz de la Federación Minerometalúrgica de CC OO y detenido y puesto en libertad el pasado año.

Algunas fuentes, según apunta Europa Press, afirman que la magistrada pudo equivocarse al redactar el auto y señalar como responsable subsidiario a UGT en lugar de a Comisiones Obreras.