El 'caso Alhambra' sienta en el banquillo a 77 personas por cinco delitos

La sentencia del 11-M se dictó tres años y siete meses después de los atentados. La del 'caso Alhambra' llevará fecha de una década después del día en que se iniciaron las investigaciones. El titular del Juzgado de Instrucción Número 6 de Granada, Miguel Ángel del Arco, ha precisado de más de ocho años para reunir pruebas suficientes con las que sentar en el banquillo a los implicados en el 'caso Alhambra', una trama destapada a finales de 2005 y vinculada con los accesos y la venta de entradas al monumento nazarí.

Del Arco ha cerrado la instrucción con 77 personas y dos personas jurídicas imputadas. El magistrado hace suyo el informe del ministerio fiscal sobre la naturaleza penal de los hechos denunciados y atribuye a los imputados hasta cinco figuras delictivas.

En concreto, entiende que existen «motivos suficientes» para estimar que se han cometido delitos de malversación de caudales públicos, falsedad en documento mercantil, coacciones, sustracción de cosa propia a su utilidad cultural y otro de daños al patrimonio histórico español. La pena para uno solo de estos delitos llega en algún caso a los ocho años de prisión. El magistrado Del Arco ha llevado adelante otras causas de cierta relevancia mediática y dilatada investigación, como la venta de Los Cármenes o el 'caso Nevada', pero ninguna ha necesitado tanto tiempo para llegar a su final como esta del 'caso Alhambra'.

Los imputados

El auto, de 236 páginas, manda que las actuaciones sigan por el trámite del procedimiento abreviado y concede un plazo de diez días para que las partes soliciten la apertura del juicio oral, bien acusando o solicitando el sobreseimiento de la causa. Entre los 77 imputados se encuentran controladores de accesos, guías, oficiales y expendedores del Patronato de la Alhambra, además de trabajadores del BBVA, entidad encargada entonces de la venta de las entradas, y de las agencias de viajes de viajes Daraxatour y Washington Irving.

La instrucción ahora cerrada se inició por un atestado de la Policía Autonómica de agosto de 2005 en el que se hacía constar que la dirección del Patronato que gestiona la Alhambra había tenido conocimiento de ciertas «irregularidades» en las visitas de turistas. Estas visitas estaban organizadas y controladas por un determinado grupo de personas, integrados por guías turísticos, que trabajaban para algunas agencias de viajes y por personal laboral del propio Patronato de la Alhambra.