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Fèlix Millet, a su llegada a los juzgados. / Andreu Dalmau (Efe)
caso del hotel del Palau

Fèlix Millet alega una situación «mental difícil por los medicamentos» y solo responde a su abogado

El saqueador confeso del Palau llega al juzgado en silla de ruedas

CRISTIAN REINO
BARCELONAActualizado:

En silla de ruedas, bajo una nube de cámaras y periodistas y muy desmejorado, Fèlix Millet ha llegado a primera hora de la mañana al juzgado de Barcelona para declarar en el primer día del juicio por el caso del hotel del Palau, una pieza separada del macro proceso del Palau de la Música, por el que también será juzgado el ex presidente de la entidad cultural previsiblemente el año que viene.

La vista tuvo que aplazarse hace diez días, después de que Millet se rompiera el fémur al salir de la cama en su domicilio. Aquel día debía empezar a declarar en el juicio, pero tuvo que ser ingresado de urgencia para operarse de la pierna. Finalmente, tras recibir el alta hace cuatro días, Millet se ha dirigido hoy, llevado por su abogado en la silla de ruedas, al tribunal. Se esperaba que empezara a declarar y se sometiera al interrogatorio de la fiscalía que reclama 10 años de cárcel, no por el saqueo de una treintena de millones del Palau de la Música, sino por el proyecto de construir un hotel junto a la institución cultural. Sin embargo, el saqueador confeso del Palau ha señalado que solo responderá a su abogado. "Mi situación mental es difícil por la medicación y no puedo declarar. Me ratifico en lo que dije en el juzgado", ha dicho en el juicio. Su versión choca con la de la forense que le examinó este domingo en su casa, que aseguró está en perfectas condiciones para declarar.

El caso juzga una denuncia por la modificación del plan general metropolitano, que dio luz verde a la construcción de un hotel cerca del Palau, y acabó convertida en querella, que imputó a Millet y Montull, al arquitecto y tres responsables de urbanismo del Ayuntamiento de Barcelona. El juicio trata de ver si en el caso hubo tráfico de influencias, si se cometieron falsedades en documentos públicos, si Millet y Montull se embolsaron 900.000 euros y causaron una pérdida patrimonial a la Generalitat y si servidores públicos dictaron resoluciones a sabiendas de que eran injustas y si incurrieron por tanto en prevaricación.