El Gobierno alerta al Congreso de que la consulta catalana es irrealizable

Todavía no está decidido cuándo se va a debatir y votar en el Congreso la petición de las fuerzas soberanistas de Cataluña para celebrar el referéndum independentista del 9 de noviembre, pero el Gobierno advirtió por escrito al presidente de la Cámara que esa consulta no solo vulnera la Constitución sino que es irrealizable en términos jurídicos. El Ejecutivo sostiene que no se trata de una cesión de competencias, como plantean CiU, Esquerra e Iniciativa en su proposición de ley, sino de la transferencia del «título competencial en sí mismo». En síntesis, no hay fórmula legal para llevarla a cabo.

El rechazo del Congreso a la proposición de ley de los soberanistas está garantiza por los votos en contra que emitirán PP, PSOE y UPyD, pero el Gobierno ha querido dejar constancia de que no solo hay razones políticas para vetar la celebración de un referéndum sobre la independencia de Cataluña sino que hay argumentos jurídicos. Son tan contundentes esas razones que aunque el Gobierno quisiera, que no quiere, ceder la competencia para celebrar la consulta no existe un marco legal que permita hacerlo.

El Ejecutivo utilizó la potestad que tiene para fijar su criterio sobre las proposiciones de ley. El Gobierno acepta que la iniciativa de los tres grupos catalanes se tramite, pero despliega una amplia batería de argumentos constitucionales y legales para oponerse a la pretensión del independentismo catalán.

El secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, José Luis Ayllón, remitió el viernes a Jesús Posada una carta de cuatro folios, hecha pública ayer, en la que sostiene que ni desde el punto de vista «formal», esto es la delegación de la competencia de referendos, ni desde el «fondo», la escisión, «tienen cabida en nuestro marco constitucional».

La parte y el todo

Los redactores de la Constitución, agrega el Gobierno, decidieron «atribuir expresamente» al Estado la competencia de autorizar las consultas, pero pretender, como hace los soberanistas, utilizar el artículo 150.2 de la Carta Magna, que prevé la delegación de competencias estatales a las autonomías, no es aplicable en este caso. Lo es para ceder, por ejemplo, las competencias de regulación del tráfico, como se hizo con los Mossos d'Esquadra, pero no para un referéndum. Ese artículo, escribe Ayllón, se refiere a «las facultades correspondientes a materia de competencia estatal, pero no a la competencia estatal toda ella». La delegación, abunda el secretario de Estado, supondría «un vaciamiento completo de la competencia del Estado».

El Gobierno también entre el argumento de los soberanistas de que la consulta decidirá «el futuro político colectivo de Cataluña», algo que es irreconciliable con el principio constitucional de que la soberanía nacional, incluida la de Cataluña, «reside en el pueblo español» en su totalidad, y no en una parte de él. El Ejecutivo de Rajoy mantiene asimismo que las comunidades autónomas carecen de competencia para tomar «decisiones políticas» que afecten «al conjunto del Estado».

En resumen, argumenta el colaborador de la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, que «si Cataluña sola, de manera unilateral, no puede decidir jurídicamente su separación de España, tampoco lo puede técnicamente consultar. Y si no puede consultarlo, no puede delegársele la facultad correspondiente».