Negociar la deuda empresarial paraliza las ejecuciones de bienes

El real decreto ley de medidas urgentes en materia de refinanciación y reestructuración de deuda entra hoy en vigor tras haber sido publicado ayer en el Boletín Oficial del Estado. En su exposición de motivos, el Gobierno señala que «sólo mediante el alivio de la deuda insostenible será posible lograr que vuelva a fluir el crédito». Las modificaciones que el decreto introduce en la ley concursal permiten mayores aplazamientos de pago y que los acuerdos colectivos sobre quitas y reestructuraciones se puedan imponer a los acreedores disidentes. Es necesaria una mayoría del 60% para aplazamientos de hasta cinco años y la conversión de créditos en préstamos participativos por el mismo plazo, y del 75% para imponer al resto quitas o aplazamientos entre cinco y diez años.

Además, el inicio de las negociaciones para alcanzar un acuerdo de refinanciación suspenderá durante un plazo máximo de cuatro meses las ejecuciones judiciales de bienes que resulten necesarios para la continuidad de la actividad empresarial o profesional del deudor. También se permite la suspensión del resto de ejecuciones singulares promovidas por los acreedores financieros si al menos un 51% apoya el inicio de las negociaciones.

El decreto incluye modificaciones para facilitar que los bancos conviertan deuda en capital. El texto de la norma recalca que, una vez realizada la reestructuración del sistema financiero, las entidades de crédito y demás acreedores financieros «pueden y deben» contribuir al saneamiento de las empresas.

En los acuerdos colectivos de refinanciación se elimina la exigencia de un informe de experto independiente y se sustituye por una certificación del auditor de cuentas que acredite las mayorías necesarias para alcanzar el pacto. En los acuerdos colectivos homologados judicialmente bastará el 51% y no el 55% como hasta ahora; en los préstamos sindicados deberá apoyar el acuerdo de refinanciación el 75%.