«El delito fiscal no da miedo al defraudador y no funciona»
El ex secretario general de los inspectores de Hacienda recalca que el comportamiento de la infanta Cristina «no es ejemplar» Francisco de la Torre Inspector de Hacienda
MADRID.Actualizado:Francisco de la Torre, inspector de Hacienda, ha sido secretario general y portavoz de la Organización Profesional de Inspectores de Hacienda. Acaba de publicar un libro en la editorial Debate donde pregunta '¿Hacienda somos todos?' y, tras leerlo, la respuesta sólo puede ser negativa.
-¿Los defraudadores campan a sus anchas en España?
-Algunos defraudadores han campado a sus anchas y los hemos cazado; a otros, nos está resultando más difícil.
-En su libro se pregunta si Hacienda somos todos. ¿Ha habido un trato especial a la infanta Cristina por parte de la Agencia Tributaria?
-Por lo que yo sé y con todas las cautelas, hay una sociedad en la que la infanta Cristina era partícipe, pero no administradora. El delito contra la Hacienda Pública exige un elemento de participación activa que, además, hay que probar. El criterio que han aplicado los peritos de Hacienda, bajo su responsabilidad, se puede sostener técnicamente, aunque no es la única opción posible. Los peritos lo único que hacen es dar una opinión técnica al juez, pero la competencia para juzgar corresponde a los tribunales de Justicia, no a los órganos administrativos. Para que hubiese delito fiscal tendría que haber 120.000 euros defraudados en un año y participación activa de un no administrador en la comisión del delito. Hay una opinión técnica de mis compañeros que dicen que la sociedad no alcanzaba en un determinado año el límite de 120.000 euros. A partir de ahí no quiero entrar en más consideraciones. Lo que sí que está claro es que, con independencia de que haya cometido o no un delito fiscal, el comportamiento por lo que se ha ido sabiendo no es ejemplar. Esto perjudica a la conciencia fiscal. No obstante, tendemos a confundir planos, y como ética y moralmente parece reprochable todo lo que ha pasado se considera que automáticamente debería haber una respuesta penal, y eso no siempre es así.
-¿Qué daño hizo a la conciencia fiscal y a la equidad la amnistía fiscal que aprobó el Gobierno?
-Creo que ha sido un gran error. El coste que siempre supone en términos de deslegitimación del sistema una amnistía fiscal ni siquiera se ha visto compensado con los ingresos que obtuvo, que fueron la mitad de los previstos: sólo 1.193 millones porque la tasa efectiva de tributación se quedó en un 3%. La amnistía genera fraude y es una confesión de impotencia de la administración pública.
-¿Hay que replantearse el delito fiscal?
-El delito fiscal claramente no funciona. Es un elemento de cierre del sistema que no da miedo y no disuade de cometer fraude. El fraude fiscal importante está demasiado extendido como para que la respuesta penal esté siendo suficiente. Lo que habría que hacer es llevar menos temas a delito fiscal pero que acabasen en condenas efectivas de cárcel y recaudar el importe pendiente en los tribunales que supera los 6.000 millones de euros. Meter a alguien en la cárcel no es un objetivo, pero que un defraudador perciba que hay riesgo real de entrar en la cárcel es el único motivo para que exista la figura del delito.
-¿El sistema de módulos ha sido uno de los mayores errores de legislación fiscal?
-Sí. Ha sido un error muy grave. Más de lo que la gente se cree porque se ha mantenido en el tiempo y porque todo el mundo conoce a un señor que es fontanero, pastelero u otra actividad en módulos que no sólo ganaba mucho dinero en los tiempos de bonanza, sino que llevaba a su hijo en el Mercedes a un colegio subvencionado donde los demás no podían entrar y él sí porque declaraba unos ingresos menores. Y todo eso bendecido por el Estado.
-¿Los contribuyentes asalariados han financiado la expansión exterior de las grandes empresas? Estas se han beneficiado de la deducción de los gastos financieros, la libertad de amortización, el fondo de comercio financiero... que les ha permitido reducir sus bases imponibles y, por tanto, los impuestos a pagar.
-La expansión exterior de las empresas ha tenido grandes ventajas y muchas estarían hoy peor si no tuviesen beneficios en el exterior. La expansión internacional tuvo muchas ventajas fiscales y fue positivo para la economía, pero, en algunos casos como las entidades de tenencia de valores, no se calibraron los costes asociados. Fiscalmente se ha apoyado muchísimo más de lo que la gente cree la expansión internacional de las grandes empresas.
-¿Qué rebaja fiscal es una exención en el IRPF para las rentas inferiores a 12.000 euros cuando actualmente ya lo están como mínimo hasta 11.200?
-Muy escasa. Creo que habrá más, aunque con los niveles de déficit que tenemos no va a ser posible ir a una rebaja generalizada de impuestos porque no lo van a admitir en Europa.
-¿La Agencia Tributaria se mueve por intereses políticos?
-La dirección de la administración civil del Estado le corresponde al Gobierno y éste tiene intereses políticos. A veces, la Agencia Tributaria tiene que elegir entre aumentar el control o la asistencia al contribuyente, que esto venga determinado por intereses políticos forma parte del juego democrático. Desgraciadamente, en los últimos tiempos mucha gente está convencida de que determinados casos individuales se ven afectados por decisiones políticas y esa imagen es lamentable.
-¿Y esa es también su imagen?
-Quiero creer que no, quiero creer que la actuación de la Agencia Tributaria en casos concretos no viene determinada por motivos políticos. Dicho esto, la extensión de la libre designación, o los ceses y nombramientos sin explicación no contribuyen a la imagen en la que quiero creer.