Diputación adelanta a los ayuntamientos el dinero que debe la Junta en impuestos

Los impagos de la Junta son un quebradero de cabeza para los ayuntamientos. La Administración regional no cumple con sus compromisos en materia de impuestos especiales y Ley de Dependencia. Esta situación ha provocado que algunos consistorios de Cádiz, los más pequeños, hayan tenido que lanzar un SOS ante las dificultades de tesorería por las que atraviesan. El presidente de la Diputación, José Loaiza, anunció ayer que el Servicio de Recaudación de la institución provincial adelantará a los ayuntamientos afectados por esta situación el dinero que el propio Gobierno regional le adeuda desde hace años.

Uno de los impuestos que es competencia de la Junta y que hace caso omiso a su contribución anual es el que grava a presas y pantanos. Se trata del denominado BICES, Bien Inmueble de Características Especiales. Un total de trece ayuntamientos de la provincia (Alcalá de los Gazules, Algar, Algodonales, Arcos, Los Barrios, Benaocaz, El Bosque, Castellar, El Gastor, Grazalema, San José del Valle, Ubrique y Zahara de la Sierra) emiten cada año el recibo de este impuesto con cargo a la Junta, que tiene las competencias sobre la gestión y explotación de estos recursos. Sin embargo, la Administración regional, pese a los requerimientos municipales, lleva una década sin abonarlos. La situación resulta especialmente preocupante para aquellos ayuntamientos donde el cobro de este impuesto supone el 23% de sus ingresos, como es el caso de Zahara de la Sierra. La deuda ha puesto en jaque a las arcas públicas de estos municipios.

Ante esta situación de quiebra, la Diputación ha salido en ayuda de esas corporaciones que no llegan a final de mes por culpa de los impagos y retrasos de la Junta. Loaiza, que compareció ayer junto al vicepresidente Tercero de la Diputación y responsable de Asuntos Económicos, Juan Antonio Liaño, señaló que el Servicio Provincial de Recaudación adelantará a esos ayuntamientos los 2 millones que les adeuda la Junta de forma prorrateada. La medida supone un alivio y coloca a la Diputación a partir de ahora en acreedor de la Administración regional. No es el único débito que mantiene la Junta con las administraciones gaditanas. Loaiza aprovechó el momento para reclamar los siete millones de euros que el Gobierno regional adeuda por varios conceptos a la Diputación de Cádiz. Uno de los débitos más sangrantes es el que se refiere al impago de los servicios que regula la Ley de Dependencia. Loaiza aclaró que la deuda asciende a cuatro millones y tanto la prestación de los servicios como su pago también los ha asumido la Diputación.

Esta exposición sirvió a Loaiza y a Liaño para contrarrestar las declaraciones que hizo la secretaria general del PSOE de Cádiz, Irene García, que puso en duda la gestión del Servicio de Recaudación y acusó al PP de sacar un rédito político con algunas de las actuaciones que lleva a cabo. Cabe recordar que este departamento de la Diputación ha logrado reducir el déficit económico que presentaban algunos ayuntamientos gracias a la puesta en marcha de líneas especiales de financiación y pago aplazado de deudas, entre otras medidas. Loaiza le ha pedido a Irene García más colaboración y menos reproches, ya que el Servicio Provincial de Recaudación ha garantizado la liquidez municipal a numerosos consistorios de Cádiz.

El apoyo de la Diputación a los ayuntamientos en crisis se lleva a cabo con recursos propios. Para ello, el gobierno provincial solicitó en su momento un préstamo de 85 millones de euros para hacer frente a las necesidades económicas de los consistorios. Loaiza incidió ayer en que las cuentas de la Diputación mejoran, pero la deuda financiera a largo plazo, heredada del gobierno socialista anterior, asciende a 200 millones de euros, lo que hipoteca la salud económica de la institución.