La Junta culpa a la «infrafinanciación» del menor crecimiento del PIB y el empleo

En pleno debate sobre el agravio entre regiones, cuantificado en las balanzas fiscales, la Junta hizo público ayer el documento de análisis de cómo afecta a la comunidad el actual modelo de financiación. Concluye que Andalucía ha perdido 2.800 millones entre 2009 y 2011 porque ha recibido una cifra por habitante inferior a la media.

Según los datos facilitados por la consejera de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero, en 2009, Andalucía percibió 1.887 euros por habitante, frente a una media de las comunidades de 2.023 euros; en 2010, 2.256 euros, frente a 2.355, y, en 2011, 2.163 euros, por 2.268, respectivamente. Esto ha conllevado que hayan dejado de llegar a Andalucía 1.113 millones en 2009; 818 millones, en 2010, y 870 millones, en 2011, último ejercicio cerrado.

Montero aseguró que este modelo ha perjudicado claramente a Andalucía, le dificulta el cumplimiento del objetivo de déficit, porque supone un esfuerzo mayor, e influye en el menor crecimiento del PIB y del empleo, además de ahondar en la diferencia con otros territorios de España en materia de renta. Aseguró que si se mira el PIB por habitante, las distancias se han ahondado. "La crisis nos ha afectado más que a otras regiones por nuestro modelo de infrafinanciación", dijo.

La consejera, que rechazó el «lamentable espectáculo" de las balanzas fiscales "a la carta", lanzado por Madrid y Extremadura, reclamó al Gobierno un "análisis serio, riguroso y metodológicamente impecable sobre los efectos reales de aplicación del modelo, para extraer conclusiones válidas para los próximos años".

El informe presentado revela "las profundas desigualdades de autonomía financiera y capacidad fiscal", dijo María Jesús Montero, y puso de relieve la incidencia del tramo autonómico del IRPF, dado que las comunidades más ricas perciben más con independencia de su población. "Si en Andalucía se recauda antes de deducciones unos 9 mil millones de euros, en Cataluña, con casi un millón de habitantes menos, se alcanzan 15 mil millones y en Madrid, con 2 millones menos de habitantes, la recaudación llega a casi 18 mil millones de euros. Hablar de sobreesfuerzo o excesiva capacidad de entrega por parte de algunas comunidades nos parece erróneo, porque no está condicionado con el esfuerzo individual que realiza cada ciudadano con su renta".

La consejera reclamó que la reforma del modelo de financiación autonómica "se acompañe de una reforma fiscal adecuada que resuelva el gravísimo problema de ingresos de nuestro país, que está 10 puntos porcentuales por debajo de la media de los países europeos". No obstante, dijo que no se subirán los impuestos autonómicos

Montero aseguró que el modelo «no ha garantizado la suficiencia de recursos, ya que se observan diferencias significativas entre el gasto y la financiación para los servicios públicos fundamentales, ni la equidad entre las comunidades y ha acentuado las desigualdades de autonomía fiscal y de corresponsabilidad fiscal». Esto se debe a que las necesidades de cada región para prestar los servicios públicos se calculan según la variable de población ajustada, pero la financiación del resto de los servicios se calcula por la diferencia entre las necesidades globales de financiación y las necesidades para los servicios fundamentales, «sin utilizar ningún criterio objetivo para valorarlas».

El análisis determina que el actual modelo profundiza la desigualdad entre comunidades por habitante ajustado, pese a tener iguales competencias. Según Montero, ello obedece a que el criterio de la población ajustada se aplica de manera directa sólo a una parte de los recursos del sistema, al Fondo de Garantía, mientras que el resto se reparten sin este criterio, por lo que se «neutraliza el efecto de la población ajustada».

También se queja de que los fondos de convergencia, creados en 2009 para favorecer el equilibrio territorial, «no han servido para atenuar las diferencias de financiación entre comunidades». Es más, Andalucía debería haber sido beneficiaria del Fondo de Competitividad, ya que tenía una financiación homogénea por habitante ajustado inferior a la media y, sin embargo, «no ha sido perceptora del Fondo en ninguno de los ejercicios analizados».