La Comunidad de Madrid tiene su propio 'caso de los ERE', pero al revés

El caso de los ERE de Andalucía, pero al revés y en la Comunidad de Madrid. Así podría definirse el presunto desfalco cometido por el empresario cordobés José Luis Aneri, que ayer tuvo que declarar ante el juez tras ser detenido el pasado viernes por la desaparición de al menos 4,4 millones de euros autonómicos destinados a cursos de formación. La juez investiga además el posible desvío de otros 11 millones provenientes de ayudas estatales del Ministerio de Trabajo.

El dinero público desaparecido era concedido a asociaciones empresariales madrileñas. Estas, a su vez, delegaban en Aneri. El modus operandi utilizado por este para quedarse el dinero era sencillo. Los empleados de las empresas de Aneri se dedicaban a recabar información por internet con la que elaboraban el programa que se impartiría en falsos cursos 'on line'. Por otra parte, el líder de la trama aportaba un listado de alumnos ficticio. Su ambición fue tal que llegó a repetir muchos de los nombres inventados en varias de las ofertas de formación, lo que levantó las sospechas de los inspectores de la Comunidad.

Aneri, mientras, presumió en público de un alto tren de vida que atestiguan sus muchas fotos publicadas en sus perfiles de las redes sociales. Pese a que el cerco en torno a él se empezó a estrechar hace meses, Aneri pareció hacer como si la cosa no fuera con él. Tanto que ni siquiera respondió a las notificaciones de la Comunidad de Madrid para que justificara el destino de los fondos públicos que recibió. Su escapada hacia delante finalizó la noche del viernes cuando la Policía Nacional se presentó en su domicilio para llevarlo a comisaría.

A falta de lo que dicte la Justicia, el presunto desfalco de Aneri se ha llevado ya por delante a Alfonso Tezanos, miembro de la dirección de la Cámara de Comercio y de la patronal madrileña. Tezanos renunció a sus cargos la pasada semana al haber sido él quien introdujo y apadrinó al ahora detenido en el círculo de empresarios madrileños.

La Comunidad de Madrid de momento ha anunciado que no desembolsará ni un euro más a empresarios o sindicatos hasta que se aclare que ha sucedido con el dinero público desembolsado. En cualquier caso ya ha solicitado a las asociaciones empresariales que recibieron las subvenciones la devolución de los 4,4 millones. Estas alegan que han sido víctimas del empresario cordobés. Si el caso de los ERE ha empañado el prestigio de los sindicatos en Andalucía, el de los cursos falsos amenaza con hacer lo mismo con la patronal madrileña pero también al Gobierno.

Pese a reclamar ahora el dinero a los empresarios, la Consejería de Empleo, nunca llevó el caso a los tribunales. La Policía actuó el viernes, de hecho, por orden de la juez del juzgado número 9 de instrucción que comenzó a investigar tras la denuncia de algunas de las organizaciones empresariales que se sentían estafadas por el empresario cordobés. El único cargo regional que acudió a testificar ante la Policía el pasado 11 de febrero fue destituido tres días después.