La nueva fórmula para fijar el precio de la luz tampoco convence a la CNMC

Al igual que las compañías eléctricas y las asociaciones de consumidores, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) también ve más sombras que luces en el nuevo sistema para fijar el precio de la electricidad, que sustituirá a partir de abril a las antiguas subastas Cesur. El regulador admite, en su informe sobre la propuesta del nuevo mecanismo, que podría contribuir a reducir la factura en aproximadamente un 4,3%, evita las lecturas estimadas, y elimina las revisiones trimestrales.

No obstante, considera que hace «menos estable» dicho precio, y que habrá «dificultades» para la puesta en marcha del sistema dada su «complejidad». Por ello, reclama a Industria que amplíe en un mes su entrada en vigor. En virtud del modelo ideado por Industria, el consumidor abonará el precio que ha tenido en el mercado de contado ('spot') la energía consumida en cada periodo de facturación. Existen dos modalidades, en función de si el cliente tiene o no contadores digitales. En el caso de contar con los equipos modernos, la facturación se realizará por el consumo y el precio de la electricidad en cada hora. Para los que mantengan los antiguos contadores, se hará por energía bimestral y un precio medio resultante de ese mercado durante el periodo de facturación, calculando un consumo horario según el perfil aprobado por la Administración.

En España hay 27 millones de consumidores con derecho al Precio Voluntario al Pequeño Consumidor (PVPC), la antigua TUR. Son aquellos conectados en baja tensión y con una potencia contratada inferior a 10 kilovatios (Kw). El informe de la CNMC pone de manifiesto que «el grueso de los consumidores» carece de contadores digitales. Todos los clientes deberán tener uno (comprado o en régimen de alquiler) antes de 2018. Pero el Plan de Sustitución de Contadores prevé que a final de este año sólo estén operativos 7 millones.

A este respecto, el regulador advierte una serie de inconvenientes. En primer lugar, que la puesta en marcha del nuevo mecanismo «es compleja». Por eso, ve necesaria una normativa que obligue al comercializador a informar a sus clientes del impacto de la nueva fórmula, que «complica la elaboración de las facturas al comercializador, y la comprobación de la misma al consumidor». Y añade que promoverá un código de buena conducta para los comercializadores. Éstos cuentan con un plazo de un mes para adaptarse al nuevo sistema, un periodo que el regulador cree «insuficiente».

Adaptar el bono social

La nueva regulación añade además dudas sobre la ventaja del bono social, el descuento del que disfrutan los colectivos más desfavorecidos, como los pensionistas con ingresos más bajos o las familias numerosas. El informe advierte de que, al calcularse el bono social como diferencia entre el PVPC y la tarifa de referencia en la normativa vigente (llamada tarifa reducida), «en tanto no se modifique esta última, el bono social podría resultar negativo, en la medida que el coste de la energía implícito en la tarifa de referencia sea, en algún periodo, superior al incluido en el PVPC». Por tanto, la CNMC recomienda adaptar el bono social al nuevo mecanismo de precios.