El superviviente de la dependencia

La ley de la dependencia ha sido el talón de Aquiles de Juan Manuel Moreno, que hoy abandona la secretaría de Estado de Servicios Sociales rumbo a la presidencia del PP de Andalucía después de dos años y dos meses en el cargo. Una norma que ha sido podada, matizada y empequeñecida desde que los populares aterrizaron en el Gobierno en diciembre de 2011. Empero, unas decisiones polémicas que no han salpicado al político malagueño, sabedor de que llegaba a uno de los puestos «más ingratos en tiempos de recortes». Sin embargo, y a pesar de tener su propia marea crítica (en este caso, la naranja) ha salido indemne en el aspecto político.

Moreno ha visto cómo la dotación de la dependencia, considerada el cuarto pilar del Estado de bienestar, se ha desplomado de los 1.500 millones en 2011 -cuando Moreno ocupa el cargo- hasta los 1.100 millones destinados en el último ejercicio. Su departamento siempre defendió que los cambios producidos en la ley -como la supresión del pago de las cuotas a la Seguridad Social de los cuidadores familiares- sirvieron para agilizar y priorizar las ayudas a los grandes dependientes. Además, esgrimen la reducción de la lista de espera para recibir las ayudas que pasó del 29% en 2011 al 20,4% en 2013 para hacer valer su gestión. En cualquier caso esto significa que de las 947.483 personas con ayuda reconocida hay 193.239 que aún no la han recibido. Precisamente el Tribunal de Cuentas señaló en su informe el incumplimiento de las comunidades autónomas del plazo máximo de seis meses para reconocer el derecho a la prestación establecido en la ley.

Sin embargo, la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales denuncian que la reducción de las listas de espera tiene que ver con la supresión algunas subcategorías para simplificar el modelo y con la alta mortalidad de los beneficiarios. «Más de 70.000 personas dependientes con derecho a atención habrían fallecido sin siquiera recibir atención», aseguran. También recuerdan que 296.337 beneficiarios están excluidas a día de hoy por tener un nivel de dependencia moderado y, por tanto, su incorporación al sistema se aplazó hasta 2015.

En cuanto a la legislación para combatir la violencia machista su Secretaría de Estado impulsó la Estrategia Nacional contra la Violencia de Género. Un plan de 258 medidas dirigidas hacia una mayor protección de la víctima -desde asesoramiento legal, hasta una red de casas de acogidas- y un mayor control de los agresores una vez cumplida la condena a través de la libertad vigilada. La severa crisis económica también ha obligado a crear un Fondo de Urgencia Social dotado de más de 60 millones de euros procedentes de la recaudación del IRPF y destinado a familias que no pueden garantizar la alimentación de sus hijos. Además de priorizar estos recursos a las ONG con proyectos de inclusión social para personas en paro de larga duración o de programas para inclusión de menores, incluidos los que son víctimas de violencia de género.

Moreno le deja al nuevo ocupante del edificio de la madrileña calle Alcalá 37 una agenda con cinco temas fundamentales y subrayados en rojo. El primero la consolidación del sistema de la dependencia. Después de los recortes, los reajustes en las listas de espera y el endurecimiento de las condiciones, muy criticadas tanto pos los colectivos de dependientes, como las ONG que trabajan con este sector o las residencias, Servicios Sociales inicia una «nueva etapa». El Observatorio de la Dependencia, formado por las empresas de residencias y los sindicatos, denunció la semana pasada que el sector tenía más de 50.000 camas libres y 200.000 dependientes sin prestación y cuidados.

El segundo asunto para abordar en el resto de la legislatura es un plan para atajar la influencia del alcohol entre la juventud. España tiene una de las edades más bajas en el inicio de la bebida (sobre los 13 años) y uno de los países con más normas entre autonómicas y locales. El proyecto gubernamental es aunar todas las normativas vigentes y concienciar a la población más joven sobre los efectos perjudiciales de la ingesta masiva de alcohol.

Los últimos puntos son tres planes estratégicos: el de igualdad de oportunidades para 2014-2016; el de discapacidad para atender a 3.847.900 personas, un 8,5% de la población, hasta 2020; y el de la familia. Este último incluirá una batería de propuestas destinadas a proteger a las familias con necesidades especiales, como son las numerosas, las monoparentales o aquellas que tengan a una persona dependiente a su cargo.