Ruz investiga la implicación de la red 'Gürtel' en los hospitales de Madrid

La investigación de la trama 'Gürtel' toma nuevos derroteros. Pablo Ruz y la Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) han comenzado a dar los primeros pasos para indagar la supuesta implicación de la red que dirigía Francisco Correa en la adjudicación y actos de promoción de nueve de los hospitales construidos por el Gobierno de Esperanza Aguirre a partir de 2005.

El magistrado ha comenzado a tirar del hilo de esta complicada madeja de adjudicaciones, constructoras y empresas menores a través de los eventos de promoción de estas obras públicas que fueron organizados por empresas de Correa. Ruz ha pedido a las consejerías de Sanidad y Transportes, Infraestructuras y Vivienda de la Comunidad de Madrid que aclaren quién pagó 15 de estos actos de publicidad del Gobierno regional, muchos de colocación de la primera piedra en hospitales. La Policía y el juez sospechan que las empresas ganadoras de esos concursos públicos se hicieron cargo de esas presentaciones, que en realidad servían para hacer propaganda del Ejecutivo de Aguirre.

El instructor de la Audiencia Nacional exige a los responsables del Ejecutivo madrileño que demuestren que el pago de esos actos, que invariablemente fueron a recaer a las empresas del grupo de Correa, estaba incluido como cláusula en los pliegos de los contratos por los que se les adjudicó la construcción de las infraestructuras. O si, por el contrario, fueron una suerte de regalo de las empresas a la administración de Aguirre en agradecimiento a la obtención de esas obras.

El Gobierno autonómico se apresuró ayer a asegurar que es legal que esas firmas pagaran de su sbolsillos los actos de promoción del Ejecutivo regional. El portavoz de la Comunidad de Madrid, Salvador Victoria, afirmó que es «público» y «notorio» que fueron las empresas adjudicatarias de las obras las que debían afrontar los pagos de los actos inaugurales y que esa condición figura en los pliegos de contratación. Vitoria señaló que ese tipo de acuerdos son «habituales» en el caso de grandes infraestructuras. Garantizó el equipo de Ignacio González, sucesor de Aguirre, entregará la información requerida.

Sin embargo, estos mismos expedientes ya fueron reclamados sin éxito el pasado septiembre, cuando el juez investigaba la adjudicación genérica de 71 actos de la Comunidad de Madrid. La Intervención General del Estado denunció que el Ejecutivo autonómico solo había remitido información sobre cinco de esos eventos

Primera piedra

Según los cálculos de la UDEF, sólo los actos de propaganda de los hospitales supusieron para las arcas de la red 'Gürtel' no menos de 293.470,71 euros. Solo la colocación de la primera piedra del Hospital Reina Sofía de San Sebastián de los Reyes costó más de 73.000. En el Infanta Cristina de Parla se desembolsaron en eventos más de 38.000; en el hospital del Tajo en Aranjuez casi 40.000; otra cantidad similar en el Henares de Coslada; cerca de 50.000 en el Sureste de Arganda o 52.000 en el Infanta Leonor de Vallecas.

Y todo, explican fuentes de la investigación, está relacionado porque, al menos, la construcción y/o gestión de cinco de estos centros fueron adjudicados a empresa o directivos ya imputados o investigados en este sumario por haber pagado comisiones o haber sido beneficiarios de otros contratos bajo sospecha.

El Infanta Leonor está bajo gestión de una Unión Temporal de Empresas (UTE) la que participa Begar, del constructor leonés José Uilibarri, imputado en esta causa desde casi el inicio. Los hospitales de Coslada y Parla también fueron adjudicados a otra UTE en la que forma parte Sacyr, algunos de cuyos principales responsables están también imputados por numerosos vínculos, ya sea con el 'caso Gürtel' como con la pieza separada de los papeles de Bárcenas.

En el caso del hospital de Arganda, las adjudicatarias resultaron ser un grupo de empresas entre las que estaba FCC, a quien estaba vinculada por entonces Enrique Carrasco, otro de los encausados de este largo sumario sobre corrupción. Parecido es el caso del centro de Aranjuez, que fue construido por otra UTE en la que estaba Hispánica, empresa en el epicentro del 'caso Gürtel' desde hace cuatro años.