COMPROMETIDOS CON EL FUTURO DE ANDALUCÍA

H ace 34 años, el 28 de febrero de 1980, Andalucía votó masivamente su acceso a la autonomía por el artículo 151 de la Constitución española. Nuestro pueblo, sabio en su decisión democrática, rechazó la llamada España de dos velocidades y fue el motor de la conquista de nuestra autonomía plena.

Toda una generación de andaluces, a los que los más jóvenes debemos estar agradecidos, levantó una comunidad en pie de igualdad con el resto de territorios de España y abrió esa posibilidad a otras regiones, evitando desequilibrios. Desde ese punto de vista, nuestro 28 de febrero no fue un hito solamente para Andalucía, sino para todo el país.

Hoy como entonces, Andalucía ejerce un papel de fiel de la balanza en el conjunto del Estado, porque sabe conciliar su vocación autonómica con su absoluta integración en el país y porque defiende la igualdad al tiempo que respeta las singularidades.

Hoy como entonces, vivimos un gran reto. Si en 1980 el debate era la necesidad de hacer de España un Estado autonómico, hoy el peligro procede de los ataques contra la viabilidad de esta forma de organización del Estado.

Las autonomías han aportado cohesión territorial y social a España. El desarrollo del Estado del Bienestar no se puede concebir sin las comunidades que se han encargado durante estos años de gestionar la educación, la sanidad y los servicios sociales públicos. Y no es casual que los mismos que abogan por la recentralización sean quienes prefieren dejar la prestación de esos derechos en manos privadas. No quieren menos autonomías, quieren menos Estado.

La autonomía ha sido y sigue siendo útil. Andalucía renovó su Estatuto en 2007 y, con este instrumento legal, estamos acometiendo políticas que justifican el autogobierno: la garantía de la educación y sanidad públicas, el mantenimiento de la dependencia, la transparencia para reconciliar a la ciudadanía con la política, la lucha contra la exclusión social y, sobre todo, la apuesta por la creación de empleo forman parte de esa estrategia propia y distinta.

El camino no está exento de obstáculos, pero el balance de este viaje de tres décadas y media de Andalucía como comunidad autónoma debe concluir con la renovación del compromiso y la defensa de derechos que tanto nos costó conquistar.

Creo que en este momento las comunidades autónomas debemos pasar a tener un papel más activo en el conjunto del Estado. Ser interlocutoras de pleno derecho y participar en las decisiones que afectan directamente a nuestras competencias. Aportar, en suma, más a ese proyecto común que es España y que, como siempre digo, tiene mucho futuro por delante.

En estos tiempos que escuchamos tanto hablar del "derecho a decidir", desde Andalucía quiero invocar el deber de todos de participar en el diseño futuro de una España en la que todos nos sigamos sintiendo cómodos y reflejados. Solo si somos capaces de dialogar y alcanzar consensos podremos estar a la altura de quienes tejieron la Constitución de 1978 y el Estatuto de 1981 y dejaremos, como hicieron ellos, un legado valioso a las generaciones futuras.

Estoy convencida de que, hoy como entonces, la voz de Andalucía aportará sentido común, equilibrio y consenso para dar continuidad a las mejores décadas de nuestra historia.