Un informe preliminar del Poder Judicial pide la retirada de la ley del aborto

Un informe preliminar del Consejo General del Poder Judicial sobre el anteproyecto gubernamental para la protección del concebido y de los derechos de la mujer embarazada da un importante varapalo a la reforma impulsada por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón.

El borrador del órgano de gobierno de los jueces, uno de los dos que preparan las ponentes designadas por la Comisión Permanente del Consejo, al que ha tenido acceso este periódico, reclama al Ejecutivo de Mariano Rajoy reconsiderar «en su totalidad» y retirar la reforma promovida por el Ministerio de Justicia, que en la actualidad se encuentra en fase consultiva.

El informe preliminar de la ponente María del Pilar Supúlveda critica el anteproyecto en términos muy duros, con alusiones al desamparo que va a provocar en la mujer y a la alarma social que ha generado en todos los ámbitos, nacionales y europeos, incluido entre miembros del PP, salvo en los sectores ultraconservadores.

El texto de la vocal Sepúlveda ya está en poder de los 20 vocales del Consejo para su lectura y formulación de enmiendas y no será hasta mediados de marzo cuando la consejera eleve una propuesta definitiva al pleno del Poder Judicial, que votará el informe en una reunión que se celebrará con seguridad a final de ese mes. A este borrador está previsto que se sume en breve el de la también ponente Carmen Llombart, de tendencia conservadora. La decisión que salga del pleno no será vinculante para el Gobierno, pero dada la procedencia del mismo, el Poder Judicial, tiene indudable relevancia jurídica.

La más restrictiva

El informe de Sepúlveda asegura que la supresión de la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo por un proyecto «más restrictivo», como el que de Gallardón «nos aleja de los países de nuestro ámbito jurídico-político, y supone un retroceso en el avance de los derechos y de la igualdad de la mujer».

La ponente recuerda que el modelo de plazos se sitúa en el marco general seguido en la mayoría de los países de nuestro entorno, en los que el plazo para el aborto oscila entre las 12 semanas, caso de Alemania, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Francia, Grecia y Noruega, las 14 de Italia y las 18 de Suecia.

Pues bien, este modelo sufre «una radical transformación» en el anteproyecto, que opta por regresar al esquema básico original previsto en 1985, basado en el establecimiento de indicaciones tasadas que se configuran como conductas despenalizadas del delito de aborto, «estableciendo un sistema que no sólo nos aleja de la práctica europea mayoritaria, sino que incluso nos sitúa en el ámbito de las regulaciones más restrictivas».

El texto va más allá y critica que si la ley de 1985 generó inseguridad jurídica y «prácticas extralegales o paralegales», la propuesta actual «contempla un régimen más restrictivo, en el que la libertad de la mujer embarazada, y la ponderación entre sus derechos a la intimidad, la autodeterminación, y la dignidad, decaen de forma evidente ante la protección del bien jurídico que representa el concebido», que, según sostiene la jurisprudencia en reiteradas ocasiones, «no es titular de un derecho a la vida, sin que ello suponga que carezca de protección constitucional».

Asimismo, asegura que el anteproyecto desconoce la evolución de la sociedad española, de sus convicciones y de sus necesidades en una cuestión que es de conciencia, «al optar por dar una respuesta anacrónica, criminalizadora, que retrotrae a tiempos pasados y a prácticas indeseables, como el aborto clandestino o el turismo abortivo».

Con todo, el informe considera que la reforma de Gallardón vulnera las libertades de la mujer, que se convierte en un «mero instrumento al servicio de la maternidad».