El Gobierno ve inoportuno reformar la Constitución

La Constitución se puede modificar si se siguen los cauces adecuados. Ese fue el mensaje de Mariano Rajoy frente a los independentistas catalanes el martes y con esa idea volvió a replicar ayer al resto de fuerzas soberanistas del Congreso de los Diputados. Con una diferencia. Esta vez dejó más claro, si cabe, que el Gobierno no tiene intención de facilitar reforma de calado alguna sobre el modelo territorial, aunque se sigan los procedimientos legalmente previstos.

Esquerra Republicana de Catalunya ni siquiera entró en esa cuestión porque, a su juicio, las limitaciones a las que apela el Ejecutivo son irrelevantes. De hecho insistió en que habrá referéndum de autodeterminación el 9 de noviembre en Cataluña, sí o sí. Pero el PNV, por ejemplo, sí reclamó una cierta disposición a una «transformación constitucional». «Usted dice que hay procedimientos -cogió el guante el portavoz nacionalista, Aitor Esteban- utilícelos y haga que quienes no estamos a gusto podamos estarlo».

Otros, como el BNG, emplearon tonos más agresivos. Olaia Fernández Dávila pidió la reforma de la Carta Magna para dar poder a «las naciones», además de tildar al Gobierno de «intolerante» por no aceptar el «derecho democrático de los pueblos a decidir».

Rajoy ignoró al representante de Esquerra y apenas entró a responder a la gallega. En cambio dedicó unos minutos a replicar a Esteban que España es uno de los países más descentralizados del mundo y que el País Vasco tiene ya más autogobierno que ningún otro territorio de un Estado compuesto. O sea, que no está por la labor de aumentarlo.

Por si no había quedado claro que en su invitación a hacer propuestas regladas de reforma hay más retórica que aliento, el portavoz del PP, Alfonso Alonso, lo dejó claro en su turno. «Invertir nuestra energía en un nuevo periodo constituyente no va a crear un solo puesto de trabajo, pero sí es seguro que desate la incertidumbre y el conflicto», dijo. «El problema de España no es la Constitución sino el paro».

Tensiones internas

También insistió Alonso, como su jefe de filas, en que el texto constitucional no es inalterable, pero matizó que no conviene reformarla «a ciegas». Y como dardo al PSOE, que ya ha articulado una propuesta federal -aunque ciertamente aún algo desdibujada-, adujo que tampoco se puede emprender ese camino sin saber el objetivo, si hay consenso y «solo por necesidades de partido». Una referencia a las tensiones que, hasta el acuerdo sobre esa evolución federal del modelo autonómico, han mantenido PSOE y PSC.

Esas tensiones que, por cierto, intentan explotar el resto de grupos parlamentarios. Alfredo Pérez Rubalcaba ya advirtió la semana pasada, tras votar el segundo texto de defensa de la Constitución y la unidad de España presentado por UPyD en pocos meses, que no se prestaría a más «juegos» y que en adelante su formación sólo votaría propuestas concretas y previamente consensuadas.

La formación de Rosa Díez había conseguido crear un lío en octubre al líder de la oposición. Los catalanes y el resto del grupo socialista acabaron votando de manera diferente en una cuestión relacionada con la celebración de una consulta de autodeterminación en Cataluña ante el temor de pesos pesados de la formación, como Susana Díaz, al daño que podía causar en su discurso una abstención.

Ahora, el PP ha presentado una resolución, que se votará hoy, para que el Congreso reafirme la «vigencia» de la Carta Magna y «respalde» al Gobierno en la preservación de la unidad de España. Por otro lado, CiU presentará un texto en el que pide al Ejecutivo que inicie un diálogo para posibilitar una consulta en la que los catalanes decidan «su futuro». Es la misma resolución que presentó el año pasado y que ya obtuvo el apoyo del PSC.

PSOE y PSC aseguran que esta vez no habrá fractura. Plantean crear una comisión no permanente en el Congreso para debatir la reforma del título octavo de la Constitución. Lo que no sea eso, no tendrá su respaldo.