Las críticas del Poder Judicial a la 'Ley Fernández' activan todas las alarmas en Interior

La reforma legislativa estrella del ministro Jorge Fernández Díaz podría quedarse en aguas de borrajas. O al menos muy cercenada. El primer borrador del Poder Judicial que cuestiona las líneas maestras del anteproyecto de la Ley de Seguridad Ciudadana cayó ayer como un mazazo en Interior. Aunque la versión oficial fue que ese texto que apunta a la inconstitucionalidad de siete de los puntales básicos de la denominada 'Ley Fernández' es «muy preliminar» y que el Ejecutivo no se da por «aludido» por escritos que aún no han sido aprobados por el Pleno del Consejo General del Poder Judicial, lo cierto es que varios de los responsables y juristas del Ejecutivo dieron por descontado que tendrán que «limar» y «quizás mucho» el anteproyecto para poder tener el respaldo de los jueces.

El número 2 de Interior fue el encargado de minimizar el alcance del borrador de los vocales Wenceslao Olea (conservador) y Victoria Cinto (progresista) que pone el acento en la posible inconstitucionalidad de cuestiones como la potestad de los funcionarios de practicar arrestos por simples faltas o infracciones administrativas; la posibilidad de que los agentes practiquen cacheos para sancionar infracciones; la vaguedad con que se definen estos cacheos que podrían incluir el desnudo total o parcial del sospechoso; o la implicación de los vigilantes de seguridad a la hora de disolver reuniones o manifestaciones.

El secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, se mostró esperanzado en que el Consejo General del Pleno del Poder Judicial suavice este primer varapalo.

«El Gobierno no ha recibido ningún informe del CGPJ, los informes los aprueba el Pleno tras un debate, y en muchos casos tras una votación, y en ese debate se incorporarán las aportaciones de todos en ese órgano colegiado», vaticinó. «El CGPJ no se ha pronunciado, no ha votado y no ha dicho nada. El Ministerio no puede considerar un informe que aún no ha salido de ese órgano», apuntó Martínez. También el Poder Judicial se apresuró a aclarar que el texto filtrado es solo un «documento de trabajo» elaborado por los ponentes «al que aún deben incorporarse las alegaciones del resto de los vocales».

«Mejorar»

No obstante, ya el número 2 de Interior dejó entrever que, de mantenerse esas serias dudas sobre la legalidad del anteproyecto, el Gobierno no podrá «eludir la crítica». «Lo que le pedimos al CGPJ es que nos ilustre sobre lo que se pueda mejorar. Todo eso servirá para hacer un nuevo texto», adelantó.

De hecho, tanto los expertos de Interior como los juristas del Gobierno consideran muy probable que el Pleno, cuando vote dentro de un mes el dictamen, aunque aligere las críticas, haga suya buena parte del borrador elaborado por los dos vocales. Una posibilidad que preocupa, y mucho, a los responsables del departamento que dirige Jorge Fernández y que son conscientes de que los artículos puestos en cuestión por los ponentes del Poder Judicial son la columna vertebral del texto que pretende sacar adelante Interior.

Uno de los grandes problemas que subraya el borrador se centra en el poder que la reforma daría a la policía para disolver reuniones ante la sola posibilidad de que exista «riesgo» de «alteraciones de la seguridad ciudadana». Para el CGPJ este artículo iría más allá de los supuestos legales para conculcar derechos fundamentales como los de reunión o manifestación.

Otros de los puntos más cuestionados por los dos vocales es otro de los ejes de la reforma: la transformación de numerosas infracciones en simples faltas. El Gobierno ha presentado este cambio como demostración de que no trata de endurecer la legislación sobre Seguridad Ciudadana; sin embargo, los jueces los consideran una modificación muy poco garantista porque la sanción no se impone por un juez, sino por la Administración, quien se arroga valorar el comportamiento del ciudadano.

El Poder Judicial, entre otros muchos aspectos, también considera difícil de casar con la Constitución el hecho de que, en esas faltas, la simple declaración de un policía tenga valor probatorio en una denuncia, mientras que en la vía penal las palabras del agente solo eran una declaración más en el proceso.