Los mediadores se sienten legitimados para seguir con su labor

La Comisión Internacional de Verificación (CIV) seguirá con su labor de supervisión del desarme de ETA. Así se lo transmitió ayer el portavoz de este grupo, Ram Manikkalingam, al Gobierno vasco y a los principales partidos de Euskadi, según fuentes de estas formaciones. Los verificadores creen estar «legitimados» para continuar con su trabajo tras las muestras de «respaldo» que han recibido durante el fin de semana. A pesar de la citación para declarar en la Audiencia Nacional y el flojo gesto realizado el viernes por la banda terrorista, a los miembros de la comisión les ha llenado ver que tanto el lehendakari como el PSE -han estado en contacto «permanente» con Rodolfo Ares- ofrecían en público un cerrado apoyo a la CIV. Urkullu desplazándose a Madrid para reunirse el domingo de nuevo con ellos; el PSE, emitiendo una nota en la que subrayaba el «prestigio» de este grupo de expertos y alababa su «actitud» en el camino a «propiciar las condiciones para la desaparición definitiva» de ETA.

Manikkalingam y su equipo reconocen, no obstante, que su credibilidad ha quedado «tocada» y que a partir de este momento será mucho más difícil desarrollar su trabajo. Los componentes de la CIV ya reconocían el viernes que les había resultado muy complicado certificar el primer gesto de desarme de ETA. Tratar con una organización que aún se mueve en la clandestinidad les obligó, según su testimonio, a extremar la seguridad.

Los miembros de la CIV han estado también muy atentos a los pronunciamientos que ha realizado el Gobierno. Tienen la sensación de que el Ejecutivo central, sin apoyarles abiertamente, sí les está «dejando hacer». Son conscientes de que la banda está «infiltrada» y sometida a un fuerte control policial por lo que entienden que, si hubieran querido, las fuerzas de seguridad les habrían detenido en enero durante la cita que mantuvieron con tres miembros de ETA.