Una juez imputa a la excúpula del Banco Pastor a raíz de una querella por estafa

El desfile por los juzgados de banqueros y exbanqueros imputados por los excesos cometidos en los últimos años continúa. Ahora le ha tocado a la anterior cúpula del Banco Pastor (entidad hoy integrada en Banco Popular) el turno de engrosar el listado de financieros con problemas con la Justicia. La titular del juzgado de Instrucción número 3 de La Coruña citó a declarar hoy martes como encausados al expresidente del consejo de administración del Banco Pastor, José María Arias Mosquera, y al que fuera su consejero delegado, Jorge Gost Gijón. El origen del sumario es una querella presentada en octubre por un pequeño accionista de la entidad gallega, que los acusa de administración fraudulenta, estafa, delito societario y falsedad en documento mercantil.

El Banco Pastor considera «injusta» esta acusación. La entidad amenaza con ejercer «cuantas acciones le correspondan en la defensa de su buen nombre, incluidas las de índole penal» contra el querellante.

La juez dictó el pasado 4 de febrero una providencia por la que cita a declarar hoy a Arias Mosquera y a Gost Gijón «en calidad de imputados», señala. Sin embargo, en su resolución no aclara cuáles son los delitos que les atribuye. El querellante, un pequeño accionista de Barcelona, denunció que durante los ejercicios 2008, 2009 y 2010 las cuentas del Banco Pastor «eran falseadas mediante una trama financiera articulada con sociedades de las que el propio Banco Pastor era propietario». Un ardid que, siempre según la versión del demandante, habría permitido a la entidad ocultar en sus balances las pérdidas de las empresas inmobiliarias que poseía.

Según el querellante, la operativa buscaba «dar apariencia de solvencia a un banco que estaba en quiebra legal y en esa situación se dirigía al mercado de valores y lanzaba preferentes y acciones para ser suscritas las emisiones por pequeños clientes minoristas».

El escrito subraya que la entidad aterrizó en el negocio inmobiliario con la constitución de sociedades «que realizaron cuantiosas inversiones a crédito del propio Banco Pastor», que les reportaron «pérdidas continuadas de más de 200 millones de euros, derivadas de no ingresar dinero con su actividad y tener que responder de unos intereses de los créditos hipotecarios otorgados por su propio dueño».

Los representantes del querellante concluyen que si el Banco Pastor hubiera contabilizado en su balance esas pérdidas estaría en «quiebra legal». Para ocultarlas -dicen- «orquestaron todo un artilugio fraudulento» por el que la tesorería obtenida mediante «engaño en sus oficinas a costa de inversores minoristas y en el mercado» era redirigida como crédito o capital a las sociedades inmobiliarias fallidas. Parte de esa tesorería habría sido usada después para pagar los intereses de los créditos hipotecarios fallidos. De este modo, señalan, el banco reingresaba el dinero como beneficio en su cuenta de resultados. En consecuencia, en vez de reconocer participaciones en sociedades fallidas, presentaban «el espejismo de ser fantásticas inversiones». Mediante una «pirámide» de captación de dinero en el mercado minorista, concluyen, «se capta dinero para 'core capital' de preferentistas y accionistas, se saca disimuladamente del banco y se ingresa en sociedades aparentemente en funcionamiento» con unos beneficios que son «simplmente una alucinación».