Las urgencias marcan el Pleno de febrero en Cádiz

Amaneció tranquilo, con un debate sosegado en el que una y otra vez han aparecido las cantinas propias de las que echan mano los concejales en cada pleno que se celebra. Sin embargo, el tono de la discusión se ha ido incrementado a medida que se avanzaba hacia los asuntos de urgencia. La educación, la sanidad y la investigación judicial abierta en torno a la concesión de contratos del alumbrado público han sido los puntos más importantes de la sesión de hoy. Así, el Pleno ha aprobado instar a la delegada provincia de Educación y Cultura, Cristina Saucedo, que se firme ya el convenio para la utilización por parte de los alumnos del Carlos III de las instalaciones del colegio Arbolí a pesar de que llevan allí desde principios de enero. Con la presencia de los trabajadores de la empresa Pascual, también se ha debatido una propuesta para instar a la Junta de Andalucía que llegue a un acuerdo con el empresario para garantizar la permanencia de todos los puesto de trabajo además de mostrar su preocupación por cómo puede afectar a la atención sanitaria que se presta en Cádiz capital. Tanto desde PSOE como de IU se ha insistido en que el recorte que plantea la Administración andaluza es el mismo que se ha llevado con otras empresas debido a “que todos nos tenemos que apretar el cinturón”.

Quizás, la propuesta con más expectación ha sido la presentada por el PSOE en la que ha pedido que se cree una comisión a raíz de la investigación abierta por el juzgado de Instrucción número 2 en relación a la denuncia presentada contra el ex director del área de Tráfico, Alumbrado Público y Protección Civil y e nel que se ha citado e imputado junto a otras tres personas por la concesión de obras y servicios durante el desempeño de sus labores al frente de la delegación. Tanto desde el PSOE como IU han solicitado que «en pos de la transparencia» se cree la comisión al igual que han hecho otros ayuntamientos como el de El Puerto de Santa María y han pedido a la alcaldesa que “no mire para otro lado”. Desde el Partido Popular, el teniente de Alcaldía, José Blas Fernández, ha asegurado que están “sumamente tranquilos” porque “toda actuación que hemos hecho ha estado avalada por los técnicos” y esto se trata de una “denuncia de un extrabajador hacia un ex funcionario”. En este sentido ha señalado que “nos personaremos cuando se haya comprobado que se han lesionado los derechos del Ayuntamiento”. Con este argumento, el PP, con su mayoría absoluta, ha rechazado la creación de la comisión de investigación.