El sector de la dependencia asegura que puede ahorrar 10.000 millones a las arcas públicas

Un verdadero y profundo desarrollo de la ley de la dependencia puede ser beneficioso para todas las partes, tanto el sector privado como para las paupérrimas arcas públicas. Los agentes sociales sostienen que es posible, en un acto de unidad inusual, que una mayor implicación puede convertir a este sector en un granero de empleo y de ahorro. De trabajos, porque todavía no se ha conseguido profesionalizar los cuidados de nuestros mayores. "Lo que la ley marcaba que era una excepción, como era el cuidador familiar, se convirtió en una realidad constante", ha reconocido Pilar Navarro, secretaria de Salud, Servicios Sociosanitarios y Dependencia de FSP-UGT. Esta situación, unida a la crisis, ha provocado que en siete años el número de personas que están cualificadas y se dedican profesionalmente a la dependencia haya pasado de 120.000 a 190.000. "En un principio se hablaba de 300.000 puestos de trabajo".

La excepción del cuidador no familiar llegó a tener 60.000 personas, aunque las medidas de ajuste tomadas por el Ministerio de Sanidad (sobre todo el impago de la Seguridad Social) ha provocado que ese número caiga hasta los 20.000 familiares, en su mayoría mujeres, que se dedican al cuidado de los dependientes. Pero este ajuste no ha ido acompañado de más carga de trabajo para las residencias especializadas. "Tenemos 50.000 camas libres y en España hay más de 200.000 grandes dependientes valorados pero sin prestación. Tenemos salida", ha apuntado José Alberto Echevarría, presidente de la Federación Empresarial de Asistencia a la Dependencia (FED). Una salida que además puede ser muy beneficiosa para las administraciones públicas.

Otra de las patronales del sector, la Asociación de Empresas de Servicios para la Dependencia (Aeste) está convencida de que pueden ahorrar unos 10.000 millones anuales de los 55.000 millones que el Sistema Nacional de Salud invierte en pacientes crónicos mayores de 65 años. El presidente de Aeste, Jorge Guarner, ha explicado que el sector es una salida viable para situaciones que se dan de forma cotidiana en los hospitales. "Una señora a la que hay que cambiar la cadera a los dos días recibe el alta. Pero vive en un segundo piso sin ascensor, con lo que el hospital prolonga su estancia dos o tres semanas. Nosotros podemos hacer esa rehabilitación en nuestros centros y liberar una cama", ha apuntado Guarner. Además, la ocupación de una cama en un hospital pública cuesta entre 500 y 750 euros diarios. "A nosotros, 150 euros diarios", ha remachado.

Para hacer una lectura más real de la situación de un sector "que está al borde de la bancarrota", según ha apuntado el presidente de la FED, la patronal y los sindicatos han recuperado el Observatorio de la Dependencia. Un punto de reunión que servirá para realizar una radiografía semestral de un sector golpeado por los ajustes y en el que se han visto avocadas al cierre de más de 400 residencias.