Adiós a las llamadas comerciales por la noche, fin de semana y festivos

Las llamadas en medio de la cena o mientras se está disfrutando de nuestro programa nocturno favorito de televisión se van a terminar. La Comisión de Sanidad y Servicios Sociales del Congreso de los Diputados aprobó ayer la nueva ley que prohibirá que las empresas de telecomunicaciones, las bancarias, de seguros de automóviles o de cualquier otro sector que pueda llamar entre las 21.00 horas y las 9.00 horas. Esa franja horaria es sagrada para los diputados, que han dado forma a la normativa europea que regula los derechos de los consumidores. Además, esta prohibición se extiende a los fines de semana y los festivos, cuando las familias están descansando, aunque se ha 'olvidado' de otra hora muy molesta, la de siesta. La norma salió adelante con el único apoyo del PP, la abstención de UPyD, y el voto en contra del resto de grupos parlamentarios por su oposición a las formas elegidas para su tramitación.

En materia publicitaria también se aprobaron nuevas medidas, que ahora viajarán al Senado, como el uso por parte del empresario de técnicas de comunicación que consistan en un sistema automatizado de llamadas sin intervención humana o el telefax necesitará el consentimiento expreso previo del consumidor. Asimismo, éste tendrá derecho a no recibir sin su consentimiento llamadas con fines de comunicación comercial que se efectúen mediante sistemas distintos se mensajes de texto, por ejemplo.

Además estas llamadas comerciales se deberán hacer desde un teléfono identificable y el comunicador deberá informar al usuario que, si lo desea, podrá dejar de recibir más publicidad. En este ámbito, también se modifica la expedición de una factura: solo se emitirán en papel a no ser que el cliente dé su consentimiento a que se las envíen en formato electrónico. Por cierto, tienen la misma validez que una factura impresa y, si el Parlamento da el visto bueno, llegaran a las casas -o al buzón de correo electrónico- con la letra más grande. Esta fue una de las enmiendas que presentaron los grupos de la oposición y que se pactó entre los partidos para, como señaló Toni Cantó, de UPyD, «las personas mayores puedan leer lo que pagan».

Universidades con humos

Otro de los puntos más destacados, y más criticado por la oposición, ya que se coló en la normativa en el último momento, fue la regulación de los cigarrillos electrónicos. Los portavoces del PP y PSOE explicaron que es una «primera medida» solicitada por el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud para acometer con las exigencias también de Bruselas. En esta reunión, las comunidades autónomas y el Ministerio de Sanidad pactaron tomar las primeras iniciativas sobre el consumo de estos nuevos cigarrillos: prohibir su uso en colegios, transportes, centros de salud, parques infantiles y en los puestos de la Administración que estén de cara al público. También su publicidad queda acotada a lo que señala la ley antitabaco.

En el camino de ley se ha ampliado esta prohibición a las zonas aledañas a estos lugares, aunque quedan exentos «los centros universitarios y de los exclusivamente dedicados a la formación de adultos, siempre que no sean accesos inmediatos a los edificios y aceras circundantes». Unas medidas recibidas con división de opiniones.

Para la Asociación Nacional del Cigarrillo Electrónico (ANCE), es un gran paso para la regulación de un sector que ha proliferado en los últimos años. «Es un avance importante para el sector y los consumidores que cubre el vacío legal existente, cumple una demanda clave del sector, ofrece una mayor protección al consumidor y abre la puerta a una consolidación equilibrada y competitiva de la industria del cigarrillo electrónico», explicó Manuel Muñoz, presidente de ANCE. Por su parte, el Comité Nacional para la Prevención del Tabaquismo mostró su «inquietud» por que este producto, que contiene nicotina en bajas proporciones, se equipare al tabaco convencional.